El ministerio pagará los costes financieros, pero mantendrá la instalación sin funcionamientoHan dejado sin adjudicarle capacidad en la última subasta, según la Orden ministerialPor fin el Ministerio de Industria ha tomado cartas en el asunto del dispendio del almacenamiento de gas Castor, en Castellón, promovido por ACS y Escal que casi ha triplicado sus costes. Las consecuencias han sido que el Gobierno ha decidido aplazar su puesta en marcha con el fin de evitar un encarecimiento considerable de las tarifas de gas. Tras las advertencias de la Comisión Nacional de la Energía y de diversos agentes del sector, el esperado anuncio fue escenificado por el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, en declaraciones a los periodistas antes de clausurar la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). No obstante, Soria aseguró que a los promotores se les remunerará con el coste financiero de paralizar la instalación, un gasto que supone un menor impacto para el bolsillo del consumidor que si el almacenamiento entrara en funcionamiento y se le tuviera que retribuir a través del recibo del gas. En este sentido, el sector y el regulador energético habían avisado de que la puesta en marcha de esta instalación provocaría un incremento del 8 por ciento en los peajes. El llenado de esta instalación estaba previsto para el próximo mes de mayo, pero Soria aseguró que la instalación no entrará en funcionamiento hasta que "haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado", un mensaje nada halagüeño para la constructora que preside Florentino Pérez porque en la actualidad el sistema adolece de una fuerte sobrecapacidad y la demanda aún tardará en recuperarse varios años. Además, según datos del departamento de Industria, en este momento las regasificadoras, gasoductos y almacenes subterráneos de gas se están utilizando tan sólo al 50 por ciento, al igual que los ciclos combinados de gas. De ahí que el Ministerio haya solicitado una nueva Planificación Energética al gestor del sistema gasista, Enagás, según contempla el Real Decreto Ley de primeras medidas para reformar el sector energético aprobado el pasado viernes, con el objetivo de acompasar las inversiones a la situación actual de caída de la demanda. De hecho, en este norma también se contemplaba la posibilidad de frenar la puesta en marcha de instalaciones gasistas para evitar que "se incremente paulatinamente la tarifa del gas" y que el desajuste de este sector llegue a 3.000 millones en 2020. En concreto, el Ejecutivo aprobó un acta de puesta en servicio en dos fases (provisional y definitiva) para los almacenamientos, de cara a que los costes en el sistema se repercutieran una vez la instalación funcionara a pleno rendimiento. De hecho, en la mencionada norma se explicaba que se había decidido dejar sin adjudicar capacidad de llenado a esta instalación en la última subasta, una medida que encendió los rumores en el sector sobre un retraso para este almacenamiento de gas. Soria no precisó por cuánto tiempo se paralizará la instalación pero sí que ha rebajado su retribución en un 10 por ciento al suprimir los ingresos provisionales que reciben estas instalaciones. Además, el Ministerio de Industria está habilitando todos los mecanismos necesarios para realizar una profunda auditoría a Castor, por considerar que los costes se han disparado de manera significativa. El objeto de este estudio es verificar que toda la documentación presentada por el promotor (ACS y Escal) "se corresponde con la realidad y además, que las decisiones tomadas en la solución técnica final adoptada se corresponden con la solución técnica óptima". En este sentido, la CNE ya había avisado de que había encontrado partidas adjudicadas a dedo en la construcción de Castor que pueden haber supuesto costes adicionales para la factura total del gas. Ahora, la revisión del Ministerio puede suponer un varapalo para Florentino Pérez, ya que peligra su rentabilidad porque el Gobierno procederá a ajustar aún más su retribución definitiva.