Las compañías acudirán a los tribunales por el 'tijeretazo' de 688 millones a la retribución de las redesEl desglose de medidas de la reforma energética ha dado un calambrazo a las eléctricas y a los consumidores, que van a ser los principales pilares que van a financiar los ajustes para corregir el agujero en el sector que asciende a 27.000 millones de euros. El ministro de Industria, José Manuel Soria, desveló ayer la primera parte de los cambios, que se centran en una subida de la luz para los consumidores del 7 por ciento y en un recorte al sector de más de 1.769 millones. En la comparecencia tras el Consejo de Ministros, Soria avanzó los detalles de este primer paso de la reforma donde, gracias a las fuertes subidas tarifarias, conseguirá 1.382 millones de euros. Además del alza para el consumidor doméstico, la tarifa subirá un 4,1 por ciento para el sector gran residencial y pymes, un 2,8 por ciento para la industria media y un 0,9 por ciento para la gran industria. Así, el Ejecutivo incumple su promesa sobre que los sacrificios de la reforma se repartirían equitativamente entre consumidores, eléctricas y Estado. Y es que el Gobierno descarta incorporar algunas partidas a los Presupuestos Generales del Estado por la crisis por la que atraviesa la deuda soberana. Lejos de esta posibilidad, el Ministerio de Industria repercutirá también a los consumidores 450 millones del coste del bono social (la congelación de las tarifas para los consumidores con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios y a las familias numerosas o con todos sus miembros en paro). Este cambio viene motivado después de la sentencia del Tribunal Supremo que considera discriminatorio que esta medida sea asumida por las eléctricas, por ello se esperaba que el Gobierno incluyera el bono social en los Presupuestos. No obstante, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, aseguró en rueda de prensa posterior que recurrirán la sentencia del Alto Tribunal. También descartó que pasen a los Presupuestos los costes de las extrapeninsulares (cargo que se cobra a los consumidores por el principio de solidaridad territorial porque en las islas es más cara la generación eléctrica). El Ejecutivo resalta que el esfuerzo en esta reforma se centrará en los recortes aplicados a la tasa del recibo dedicada a financiar el Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (613 millones) y la Comisión Nacional de la Energía (60 millones). Sin embargo, hay que precisar que estos excedentes de ingresos han sido abonados por los consumidores en el recibo de la luz y no por el Estado. No obstante, Martí explicó que estas cantidades se liquidarán para reducir los costes regulados y, por ende, atajar el déficit de tarifa. Sin embargo, es el principio de más cambios, porque el Gobierno prepara otra reforma legislativa para atajar el desajuste del sistema. En este primer paso, las eléctricas reciben un hachazo a su retribución a través de un recorte a la distribución por 688 millones de euros, lo que supone un 12,5 por ciento de los ingresos recibidos el pasado año (5.500 millones). La reducción se hará con cargo a los activos ya amortizados. Para justificar esta medida, Soria explicó que en 2006 había la misma demanda energética que en 2011, con 270 millones de megavatios, pero sin embargo el coste de la distribución es más de 2.200 millones mayor que hace cinco años. Sin embargo, no tiene en cuenta la mayor generación de renovables, ni las inversiones que se han tenido que realizar en estos años por el boom inmobiliario. A las compañías también las penaliza al recortar en 84 millones los pagos de capacidad (incentivos por el respaldo a las renovables y porque los ciclos de gas son desplazados del sistema debido a la prioridad que tiene el carbón). Esta medida está ligada a los recortes al carbón, donde se fijará una menor cantidad de mineral a incentivar (con 46 millones menos), lo que da más margen para la entrada en el sistema de los ciclos de gas. "Así se justifica la reducción de los pagos por capacidad porque serán menos penalizados", explican desde el Ministerio. La aportación de los grandes clientes industriales será de 56 millones de euros por la menor retribución de la interrumpilidad, que es un incentivo para que se desconecten de la red en momentos de punta de demanda. Así, los recortes en todas estas materias ascienden a un 10 por ciento de sus ingresos totales, en un intento de aplicar medidas equitativas. Sin embargo, a las compañías les ha molestado que el Gobierno no reduzca también la retribución del transporte, que corresponde íntegramente a Red Eléctrica y se limita a hacer cambio contable de la retribución de sus inversiones realizadas en las redes de alta tensión, con lo que logra 197 millones al retrasar el pago de su retribución de 2011 a 2013. Por ello, las eléctricas recurrirán en el Tribunal Supremo los recortes porque consideran que no son equitativos y se pone en riesgo la calidad del suministro. Tal y como ya adelantó este diario, los equipos jurídicos de las empresas consideran que se trata de una medida discriminatoria porque el estado mantiene participaciones tanto en Red Eléctrica como en Enagas. Además, recuerdan que la retribución a la distribución en España es de las más bajas de Europa. Las eléctricas lamentan también que el Gobierno no se haya decidido a entrar a fondo en lo que consideran el mayor problema del sector, es decir, la retribución que perciben algunas tecnologías renovables a las que culpan de la creación del déficit de tarifa.