Negociarán con Sanidad la posibilidad de vender tabaco y estudian convocar paros selectivos en fechas destacadasMADRID. La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio está cansada de esperar, cree que les están "tomando el pelo" porque llevan desde 1994 en un pelea con las petroleras para evitar la fijación de los precios de los carburantes.Los gasolineros han logrado una sentencia firme del Tribunal Supremo en la que reconocen que ni Repsol YPF, ni Cepsa pueden fijarles los precios de venta al público, pero siguen recibiendo en sus móviles, el coste al que hay que vender los carburantes, pese a que las petroleras aseguran que ya han cumplido con las exigencias impuestas por la justicia.La semana pasada se produjo una tensa asamblea de los empresarios de estaciones de servicio. En la misma, su presidente, Juan Prats, abogó por negociar con el Gobierno una solución a todos los conflictos que tienen abiertos, pero la Asamblea criticó la decisión de la dirección de desconvocar la huelga del pasado 25 de mayo y decidió adoptar posiciones mucho más duras.Los propietarios de gasolineras han decidido llevar a la práctica por su cuenta y riesgo la sentencia del Supremo y pretenden dejar de aplicar los precios que les marcan las petroleras, lo que puede provocar un serio descontrol en la Agencia Tributaria a la hora de realizar el cálculo de los impuestos.Los empresarios de gasolineras están estudiando las implicaciones legales de tomar esta medida. Esta situación podría además ir acompañada de cierres en fechas destacadas, aunque no hay días concretos, tal y como explicó Juan Prats.El Ministerio de Industria pactó el 25 de mayo con los gasolineros la desconvocatoria de su huelga a cambio de la creación de una mesa bimensual para analizar la situación. Desde entonces se han producido dos encuentros con los responsables de Industria y Economía en los que se han pactado reuniones de alto nivel con responsables de Economía (por la fijación de precios), de Sanidad (por la venta de alcohol y tabaco) y de Hacienda (por la imposición de los carburantes), que todavía no se han fijado. El Tribunal de Defensa de la Competencia recibió la semana pasada el informe del servicio sobre el grado de cumplimiento de la sentencia de esta institución contra Repsol, tal y como informó elEconomista. Ahora tendrá que ser el Pleno de este organismo el que decida imponer o no la sanción de 3.000 euros diarios. El plazo para la aplicación de esta sanción se cumplió el pasado lunes por lo que esta institución decidirá, según fuentes consultadas, si se sanciona a la petrolera desde el lunes o desde la fecha en la que se tome la decisión en el caso de considerarse que se tiene que sancionar.