El refranero es sabio y ya se sabe lo que opina de las personas que mucho abarcan. Algo parecido corre el riesgo de suceder con la creación del regulador unificado, denominado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya potencial eficacia resulta más que dudosa ante la voracidad de sus futuros cometidos. Los informes consultivos de los consejos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dejan claro que la pérdida de competencias de estos dos organismos tendrá su impacto en el correcto funcionamiento de sus respectivos mercados. Los precios de los servicios podrían incrementarse, al mismo tiempo que se resentiría la calidad y se pondría en riesgo la innovación y la inversión. De esa forma, los usuarios podrían sufrir en sus bolsillos la puesta en marcha de un super regulador que, por el momento, lleva marcado en fuego la necesidad de ahorrar gastos administrativos y de aligerar la estructura de los entes reguladores que de contribuir al bien público. El anteproyecto sobre la creación de la CNMC no delimita con precisión las competencias de unos y otros, ambigüedad que abre la puerta a todo tipo de interpretaciones. Y eso, en el caso de un regulador, es un defecto de considerable relevancia. Lo preceptivo es conceder un margen de confianza al nuevo CNMC, pero las cosas no pintan nada bien para un regulador unificado que, a priori, pretende abarcar mucho y apretar lo justo. Los expertos de la CMT y la CNE ya se han pronunciado y su autorizada y argumentada opinión debería tenerse muy en cuenta. La crisis echa a los conductores de de las autopistas de peaje Las autopistas españolas derrapan. La crisis ha echado a los conductores españoles de las vías de peaje y, con una deuda acumulada próxima a los 4.000 millones, su futuro es más que incierto. Más en un momento como el actual en la que el Gobierno tiene que meter tijera para ajustar sus cuentas y cumplir con los deberes impuestos desde Bruselas. El Gobierno de Rodríguez Zapatero arrastraba un problema que se ha ido alargando en el tiempo. O 'parcheando' para no quebrar. ¡Pero ya! A la caída de la demanda -los españoles usan menos su coche por el precio disparado de la gasolina y porque se han resignado a tardar más en sus viajes, si esto supone un ahorro en sus maltrechos bolsillos- se unen los sobrecostes de los pleitos por las expropiaciones del suelo que han llevado al nuevo Ministerio de Fomento a plantearse ayudas, fusiones y, en último extremo, su nacionalización, al menos para 9 de ellas. De hecho, el departamento que dirige Ana Pastor contempla quedarse con aquellas concesiones que no logren el equilibrio con estas medidas previas de rescate en los próximos seis meses. El primer paso del Ejecutivo será ampliar los plazos de las concesiones (previo cambio de la ley) e intentar atraer a fondos de inversión. El segundo paso anunciado por la ministra pasa por modificar la Ley de concesiones y y seguir concediendo créditos participativos a las empresas. Desde el Gobierno tampoco se descartan fusiones entre las autopistas. Las que con estos pasos no logre salir adelante, pasarán a manos del Estado a través de la Sociedad estatal de infraestructuras del transporte terrestre (Seittsa), que según Pastor, "puede comprar valores negativos a las concesionarias, aunque no aclaró el significado exacto de su significado". Sobre las fusiones, Abertis está a favor, mientras que Sacyr Vallehermoso lo rechaza. Sea como fuere, la culpa no es de los españoles, que no deben pagar por los errores de otros.