Braulio Medel exige ayudas del Frob y más poder para cubrir las fuertes provisiones que necesita la caja castellanaNuevo parón en la fusión de Caja España-Duero y Unicaja. Los nuevos requerimientos de solvencia aprobados por el Gobierno por el riesgo del ladrillo, que afectan especialmente a la entidad castellano y leonesa, es el último y más serio tropezón que sufre una integración paralizada desde el pasado mes de septiembre y por la que Braulio Medel nunca ha mostrado especial entusiasmo. Esta vez, sin embargo, no se oculta la preocupación por una marcha atrás que dejaría a la entidad presidida por Evaristo del Canto abocada a una intervención. Los nuevos criterios de solvencia suponen para Unicaja unos 691 millones de euros, que la entidad andaluza asumiría sin mayores problemas, aunque Braulio Medel no parece dispuesto a aportar los 1.140 millones que precisa España-Duero sin contrapartidas, entre ellas la modificación de las condiciones pactadas en un primer momento. Fuentes citadas por Efe, señalan que Medel ha puesto sobre la mesa para continuar con la operación la necesidad de recibir ayudas del Fondo de Reestructuración Bancaria, por lo que estaría negociando con el Banco de España. En fuentes de Caja España-Duero, que no descartan que la fusión se vaya definitivamente al traste, consideran que los nuevos requerimiento obligarán a una renegociación de las cuotas de participación en la entidad resultante, que son de un 70 por ciento para la andaluza. En esos medios, no descartan a su vez que Medel esté aprovechando la difícil situación de Caja España-Duero para meter presión y asegurarse su continuidad en la caja ante el más que probable cambio de Gobierno en Andalucía. Castilla y León, gobernada por el PP, siempre ha sido favorable a la alianza con Unicaja y podría interceder ante Arenas. El hermetismo de los negociadores no sólo está provocando malestar entre los consejeros de España-Duero sino que está elevando el desasosiego a cotas máximas. Ayer, el consejero y responsable de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, pidió la celebración de una reunión del consejo de admnistración para que Evaristo del Canto informe sobre el alcance de la situación. El calendario mete también presión, ya que el 30 de marzo es la fecha tope para que las entidades concreten sus planes de saneamiento.