Europa también podrá exigir test de estrés bancarios a los Estados en apurosbruselas. Eurolandia dio ayer un nuevo paso al frente en la integración de las políticas presupuestarias de los diecisiete Estados que comparten el euro como moneda única. El Ecofin o Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los veintisiete países de la UE alcanzó ayer un principio de acuerdo que despeja la vía para obligar a pedir un rescate a los países que al estar al borde de la quiebra desestabilizan a sus socios de la zona euro. Objetivo: evitar que los responsables políticos nacionales, para evitar el desgaste electoral que supone la intervención en sus países de los expertos de Europa y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se nieguen a solicitar ayuda hasta que su país haya quedado devastado y encima haya puesto en peligro a sus vecinos. El año pasado, por ejemplo, el primer ministro socialista José Sócrates se enrocó en la soberanía nacional y retrasó durante meses la solicitud de ayuda de Portugal. Mientras, el agravamiento de la situación en Portugal encarecía la inevitable intervención de auxilio. Y, en paralelo, se multiplicaban las especulaciones sobre el impacto que una quiebra del Estado luso tendría en la economía de la vecina España. Sócrates dejó deteriorarse la situación, y al final ni siquiera le sirvió para evitar que sus conciudadanos lo expulsaran del poder. La Comisión Europea podrá someter a un régimen de "vigilancia reforzada" a los países en crisis que amenacen la estabilidad financiera de la eurozona. Y determinar si un país experimenta "dificultades graves en materia de estabilidad financiera" que puedan tener "efectos de contagio adversos en otros Estados miembros". Los países así etiquetados podrán ser obligados a realizar tests de estrés para verificar la solvencia de su sector financiero. Bruselas también podrá enviar equipos de expertos sobre el terreno cuando lo considere oportuno para examinar el estado de salud del país. Precedentes: Portugal e Italia Este tipo de vigilancia reforzada, aunque no estaba prevista en la legislación de la UE, ya se aplicó por primera vez en noviembre pasado en Italia, cuando el agravamiento de la crisis de deuda forzó la dimisión de Silvio Berlusconi, en aquel entonces jefe del Ejecutivo transalpino. Esta nueva legislación será la que permita obligar a los países en crisis a pedir asistencia financiera a la UE. Cuando se considere que la situación de un país tiene "efectos significativos adversos" sobre la estabilidad financiera de la eurozona, el Ecofin "podrá recomendar al Estado miembro afectado adoptar medidas de precaución o preparar un borrador de programa de ajuste macroeconómico", primer paso para solicitar el rescate. La recomendación, que se aprobará por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión Europea, se considerará confidencial" para evitar poner al Estado en apuros en el punto de mira de los ataques especulativos en los mercados. Pero si el Gobierno del país atribulado se resiste a aceptarla, podría adoptarse la decisión de hacer pública la recomendación, lo que equivaldría a catapultarlo al rescate. Los ministros de Economía y Finanzas europeos aprobaron también ayer otra norma para mejorar la coordinación presupuestaria entre los países de la eurozona y prevenir así futuras crisis de deuda. La norma obliga a todos los Estados miembros a presentar a Bruselas, como muy tarde el 15 de octubre de cada año, un proyecto de plan presupuestario para el ejercicio siguiente. La Comisión Europea, una vez analizado el proyecto, podrá reclamar cambios si detecta desviaciones importantes respecto a los objetivos de ajuste fiscal.