El ministro reconoce que ha habido errores, en una alusión velada al 'pelotazo' de CastorRetrasará inversiones en infraestructuras que no sean necesarias para garantizar el suministromadrid. El ministro de Industria, José Manuel Soria, tomó ayer cartas en un nuevo problema en el sector energético: el déficit de tarifa que se está acumulando en el sector del gas natural. Soria explicó que la secretaría de Estado de Energía, que encabeza Fernando Martí, está trabajando en una profunda reforma para tratar de atajar los 229 millones de euros de déficit que se registraron en 2011 y hacer frente a los costes de la entrada en operación de nuevas infraestructuras como, por ejemplo, el almacén de Castor que elevará los peajes en un 8 por ciento. La intención del Gobierno es evitar que se repita la situación del mercado eléctrico, donde el agujero acumulado supera los 24.000 millones, provocando uno de los mayores problemas económicos que existen en estos momentos. Para el ejecutivo, el déficit actual supone "una señal de alerta" y un incentivo para lanzar una reforma que evite los desajustes y que, al mismo tiempo, "garantice la competitividad de las empresas y no lesione sus derechos". El titular del departamento reconoció que se ha caído en enormes errores en el pasado, en una clara alusión al revuelo que se ha formado en el sector energético tras desvelar elEconomista que el almacén de gas de Castor ha triplicado sus costes al pasar de los 500 millones previstos en un primer momento a los cerca de 1.600 millones finales, si se incluye el gas colchón. Tras las informaciones de este diario, Unesa y Sedigas han pedido ya que se auditen los costes de Castor en sus alegaciones a la CNE. El desequilibrio en el sector del gas se produce por la menor demanda registrada en España durante los últimos años, con las centrales de ciclo combinado operando a la mitad de su capacidad, y por el fuerte incremento de los costes regulados que en los últimos cinco años han crecido en un 65 por ciento. Estas infraestructuras de generación, distribución y almacenamiento de gas son financiadas mediante la parte regulada de la factura que abonan los consumidores. La Tarifa de último recurso de gas se reparte del siguiente modo: un 43 por ciento corresponde al pago para la distribución y el 7 por ciento para el transporte. El resto del coste es la materia prima. El sector del gas puso en operación el año pasado 3.500 millones de inversion de los que a Enagás le corresponden un 30 por ciento (1.000 millones) y al resto de operadores los 2.500 millones restantes. El déficit de tarifa se produce por la diferencia entre estos costes y los ingresos regulados. Ante esta situación, el ministro de Industria reconoció que se está planteando revisar el ritmo de entrada en operación de nuevas instalaciones ya que ahora no resultan imprescindibles. Fuentes del sector indicaron que el Gobierno se puede plantear aplazar en el tiempo la entrada en funcionamiento de algunas infraestructuras sin generar perjuicios o incluso repartir el aumento de los peajes en varios años para evitar una fuerte subida del recibo del gas que supondría una merma para la competitividad del sector industrial. La gran industria da trabajo en estos momentos a cerca de 1,4 millones de empleos y un incremento en el recibo supondría una reducción de su competitividad que puede afectar al empleo.