La compañía considera que el impuesto sobre la copia privada es arbitraria y contraria a la legislación comunitariaMADRID. Algo se está moviendo en Francia cuyas consecuencias podrían hacerse sentir en el resto de Europa: Apple se ha declarado objetor fiscal en Francia al negarse a pagar el impuesto sobre la copia privada que sufren sus iPads, tasa conocida en España como canon digital. La compañía californiana no está dispuesta a reducir sus ingresos por este motivo, ya que considera que se trata de una norma arbitraria y contraria a la legislación comunitaria. Dicho gravamen supone para Apple una pérdida de 12 euros por cada iPad de 64 GB o de 9,56 euros para sus tabletas de 16 GB. Según informa el diario francés Les Echos, el gigante estadounidense debe alrededor de 4,74 millones sólo por las ventas de 500.000 iPads realizado el año pasado en el mercado galo. Apple también ha demandado a la asociación Copie France, destinatario de esta recaudación que luego reparte entre los artistas, intérpretes y responsables de creaciones sometidas a derechos de autor. Según explica el diario francés, "el impuesto sobre la copia privada se basa en el principio de que los dispositivos capaces de grabar contenidos audiovisuales deberían permitir a sus propietarios hacer copias de los vídeos musicales y películas para su propio uso". Dicha tasa se aplica sobre los discos duros, dispositivos de memoria USB y las referidas tabletas, entre otros equipos. Dicha tarifa repercute directamente al consumidor, para así contrarrestar los efectos de las posibles copias que pudiera realizar el usuario de los contenidos digitales, tanto de los archivos protegidos por derechos de autor como los que están exentos (documentos privados, como fotos o vídeos familiares). A finales del año pasado, el Gobierno español decidió suprimir el canon digital, tasa que prevé sustituir por un sistema de protección de copia privada aún por definir, pero que teóricamente pretende ajustarse a los usos realmente efectuados por los usuarios. Esta decisión sintoniza con una sentencia de la Audiencia Nacional, de marzo de 2011, que anuló la orden que regula las referidas tarifas que gravan los soportes de almacenamiento digital.