La constructora tendrá complicado el recurso ante el Supremo tras dos varapalosbilbao/madrid. Si alguien tuvo un buen día ayer fue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que vio cómo la Audiencia de Vizcaya avaló el veto que impuso frente al acceso de ACS al consejo de administración del grupo eléctrico durante la junta de accionistas de marzo de 2010. Se trata de otro duro varapalo para el grupo que preside Florentino Pérez que ve cómo en dos semanas pierde dos demandas judiciales que bloquean la posibilidad de que en la Junta de Iberdrola de este año pueda exigir un asiento en el consejo de administración. ACS lleva tres años intentando acceder al consejo, en su calidad de máximo accionista individual, ya que controla alrededor de un 20 por ciento del capital de la eléctrica. En 2009 ACS vio cómo se le cerraban las puertas al consejo al ratificar la junta de Iberdrola una reforma de estatutos por la cual eliminaba la limitación de edad de los consejeros de 65 años por lo que no quedaron vacantes. En la junta de 2010 el grupo constructor, a través de su filial residencial Monte Carmelo, designó como consejero a José María Loizaga Viguri, como consejero dominical, pero éste no llegó a tomar posesión de su cargo al aprobar la junta su exclusión por estimar que se trataba de un competidor estructural y permanente del grupo eléctrico. Esta decisión contó con el aval del 81,52 por ciento de los accionistas. El episodio que indignó a ACS en la junta de mayo de 2011 fue una nueva reforma de estatutos por la cual se volvía reducir el número de consejeros y se establecían nuevas limitaciones sobre el derecho de información al accionista y ampliaba algunas facultades del presidente. ACS impugnó ante la Justicia los acuerdos de las juntas de 2010 y 2011, estrategia que hasta el momento le han reportado tres fallos negativos a sus intereses, más la imposición de las costas de todos ellos, al quedar desestimados todos y cada uno de sus argumentos. El pasado 11 de marzo el Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Bilbao desestimo la demanda de ACS al considerar que los cambios de estatutos de la junta de accionistas de mayo de 2011 se ajustaban a la legalidad, dejando fuera de discusión jurídica cuáles pudieran ser los motivos de Iberdrola para haber efectuado dichos cambios. Y ayer fue la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya la que rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Bilbao que estimó ajustada a derecho la destitución del consejero de Residencial Monte Carmelo en la junta de marzo de 2010. Ayer la sentencia de la Audiencia de Vizcaya coincidió en determinar que ACS es un "competidor directo, estructural y permanente" de Iberdrola, por lo que considera ajustada a la legalidad la decisión de la junta de la eléctrica de destituir al consejero designado. Recurso ante el Supremo La sentencia de ayer establece dos vías de recurso posibles para ACS ante el Tribunal Supremo: acudir en "casación" o interponer "recurso extraordinario" por infracción procesal. En ambos casos los equipos jurídicos tendrán 20 días hábiles para presentar sus argumentos. Lo que no juega a favor del grupo constructor son los ritmos y los argumentos. Por el lado de los ritmos, los recursos ante el Supremo llevan mayores plazos de resolución; y por el lado de los argumentos las dos sentencias sobre la destitución del consejero, le imponen a ACS el pago de las costas al respaldar todos los argumentos jurídicos de Iberdrola. Tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia son tajantes al afirmar que ACS es un competidor directo "estructural y permanente" de Iberdrola en energías renovables y en ingeniería, por lo que la presencia de dicho consejero podría perjudicar a Iberdrola. Pero además, la sentencia de la Audiencia añade "un nuevo aspecto competitivo", que ACS "trabaja notoriamente en y para otras empresas energéticas que se dedican principalmente, al igual que Iberdrola, a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica".