MADRID. La sentencia del caso AVE llegó ayer, tras más de un año de juicio y 11 de instrucción. El ex ministro socialista de Sanidad Julián García Valverde ha sido absuelto en el proceso, al igual que el que fuera director de compras de Renfe, Leopoldo Iglesias Lachica, del delito de cohecho del que les acusaba Anticorrupción. Además, Aída Álvarez, ex responsable de Finanzas del PSOE, también sale sin ningún cargo, además del administrador de Filesa, Luis Oliveró, a los que se les acusaba de cohecho y del cobro de comisiones en la adjudicación de los contratos del tren de alta velocidad. De los 12 procesados juzgados, la Audiencia Provincial de Madrid absuelve a seis de ellos. Los condenados son los dos directivos de Siemens imputados, Mario Huete y Francisco Francés, a los que se les acusa de firmar facturas falsas y son condenados a un año de prisión. Además, se condena a la misma pena al ex director del Gabinete de Infraestructura y Seguimiento para las Situaciones de Crisis en Moncloa, Florencio Ornia, y los responsables de la consultora GMP Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez. La Fiscalía Anticorrupción había pedido penas de entre 2 y 15 años de cárcel, por considerar que existía un supuesto cobro de comisiones irregulares para financiar al PSOE en las obras del tren de alta velocidad (AVE) en Madrid y Sevilla, a finales de los años 80. La sentencia califica de "impreciso" el informe realizado por la fiscal Teresa Gálvez, "que se extendió en consideraciones más propias de la argumentación en tanto que no se individualizaban los hechos concretos" referidos a cada uno de los acusados, lo que dificultó la labor de sus defensas.El magistrado Jesús Fernández Entralgo, que ha juzgado durante más de una año el caso AVE, se refería a él como "el juicio de Vivaldi, porque va a durar las cuatro estaciones". Esa irónica frase del juez ilustra lo intrincado de un caso, algo que la sentencia también reconoce. La Sala pone de relevancia que el desarrollo histórico de este proceso "ha dificultado el esclarecimiento de los hechos enjuiciados" y ha obligado a los miembros del tribunal a ser "extraordinariamente cautelosos" a la hora de valorar las pruebasEl PP, que ejerce la acusación popular, calificó ayer de "sorprendente" la sentencia, y anunció sun intención de recurrirla.