Según IDIS, la medida ahorraría al estado alrededor de 600 millones de eurosmadrid. La crisis sí es una oportunidad para el sector de la sanidad privada, que no ha dejado de crecer durante los últimos cuatro ejercicios. El Instituto IDIS, que representa a las mayores compañías de seguros y hospitales privados de España, puso ayer en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al nuevo Gobierno la desgravación fiscal de los gastos sanitarios privados. Una de las propuestas es la deducción del 15 por ciento del gasto en pólizas privadas para los asegurados con rentas inferiores a 30.000 euros, con el fin de promover la contratación de nuevos seguros y quitar presión en el gasto público en sanidad. El IDIS aspira a incrementar así en un 15 por ciento el número de asegurados gracias a una medida que, según un estudio de simulación del Instituto, ahorraría al Estado 600 millones de euros. La pérdida de recaudación, calculada en 129,8 millones de euros menos al año, quedaría contrarrestada con la creación de 16.000 puestos más de trabajo y un incremento de cotizaciones e impuestos de 43,2 millones de euros, aparte de la reducción del gasto público en sanidad. En opinión del secretario general del IDIS, Juan Abarca, la deducción fiscal que fue eliminada en 1998 por el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, "descargaría recursos públicos a través del sector privado" y del "copago voluntario" que ya asumen en España nueve millones de asegurados a través de una doble cobertura público-privada. Propuestas Otra propuesta fiscal del sector es que las comunidades autónomas asuman un pago de 400 euros que se añadiría a la actual desgravación de 500 euros que disfrutan las empresas por empleado asegurado, para cubrir toda la asistencia sanitaria del beneficiario a un coste inferior al gasto sanitario público, que supera los 1.100 euros por persona. La desgravación fiscal cuenta con el respaldo de CiU, si bien el Partido Popular no la recoge en su programa electoral. El presidente del IDIS, Iñaki Ereño, confía en que se acabe imponiendo la medida porque, en su opinión, "es difícil dar asistencia o cobertura universal sin contar con la colaboración público-privada".