Reclaman a las Administraciones de las comunidades autónomas un ajuste presupuestario estrictobruselas. Ya pueden ir actualizando sus respectivos programas electorales el popular Mariano Rajoy y el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Los jefes de Estado o de Gobierno de los diecisiete países que comparten el euro como moneda única adoptaron el miércoles de madrugada en Bruselas un documento de conclusiones de la cumbre celebrada en la capital belga, conclusiones que dictan la pauta a seguir al Gobierno español que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre. Una nueva reforma laboral, más saneamiento presupuestario ya sea por la vía de subir impuestos o por la de tijeretear el gasto público, y profundizar la liberalización del sector servicios son algunas de las tareas que desde el puente de mando de Eurolandia se acaba de exigir a la periférica España. Que el próximo Ejecutivo español deberá gobernar al dictado de Bruselas ya se veía venir desde que la semana pasada se filtrara un borrador de las conclusiones de la cumbre europea que exigía a España y a Italia emprender reformas económicas y ajustes presupuestarios adicionales. Y durante el pasado fin de semana fue evidente que más que al dictado de Bruselas, Madrid estará sometida a los designios de Berlín. La conservadora Angela Merkel, canciller de Alemania y dirigente de largo más influyente en las decisiones comunitarias -no en vano su país es el primer contribuyente al presupuesto de la UE y al fondo de rescate de países y bancos al borde de la quiebra-, dejó claro de manera pública y notoria que España tenía que aplicarse en la senda de la austeridad con más empeño del que ha venido demostrando hasta la fecha. Zapatero, sin margen Acorralado y bajo la presión de sus pares, el presidente saliente José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo de negociadores ante las instituciones comunitarias sólo tuvieron margen para que las exigencias impuestas a España se formularan en un párrafo distinto de las dictadas a Italia. La prioridad de la diplomacia española en Bruselas era desde la semana pasada evitar, a toda costa, quedar catalogados en el mismo saco que la República transalpina que, para consuelo español, ocupa ahora el lugar en el que España se instaló en primavera de 2010: el de economía demasiado grande como para que sus socios del euro la dejen caer pero también demasiado grande para que puedan rescatarla, y de cuya solvencia más desconfía el mercado. "Acogemos con satisfacción las importantes medidas adoptadas por España para reducir su déficit presupuestario, reestructurar el sector bancario y reformar los mercados de trabajo y de productos, así como la adopción de una modificación constitucional sobre equilibrio presupuestario", comienza el párrafo de las prescripciones que la cumbre europea de esta semana dedicó específicamente a la coyuntura española. "Es esencial aplicar rigurosamente el ajuste presupuestario tal como fue previsto, incluso a escala regional, para cumplir los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", subraya el texto acordado por la unanimidad de los dirigentes de los diecisiete países de la zona euro durante la reunión en Bruselas que finalizó alrededor de las cuatro de la madrugada del miércoles al jueves. Este documento también califica como esencial "reforzar el marco presupuestario mediante el desarrollo de una normativa de rango inferior que haga que las enmiendas constitucionales sean plenamente operativas". "Es necesario tomar más medidas para aumentar el crecimiento y reducir una tasa de desempleo inaceptablemente alta" continúa la recomendación formulada a las autoridades públicas españolas. "Estas medidas deberán incluir mayores cambios del mercado laboral para aumentar la flexibilidad en el ámbito de las empresas y la capacidad de inserción profesional de la población activa, y otras reformas para mejorar la competitividad, en particular ampliando las reformas en el sector de los servicios", concluye el texto sobre España surgido de la cumbre europea.