La Asociación Empresarial Eólica ya ha adelantado que estudiará todas las medidas legales contra el Real Decretomadrid. Por fin la Comisión Nacional de Energía (CNE) se manifestó sobre el borrador del Real Decreto propuesto por el Gobierno que establece las retribuciones para el sector eólico. El organismo regulador ha dado el visto bueno a las líneas generales de lo que recibirá el sector a partir de enero del año 2013. Concretamente ha dicho que consideraba adecuados el mecanismo de evolución anual de las primas de forma inversa a la cantidad de megavatios instalados la limitación a 1.500 horas anuales y 12 años en total del derecho a prima de una instalación eólica y la incorporación de una renta mínima que permita atender los intereses de una deuda, en caso de un abaratamiento de los precios. De cualquier manera, la CNE ha propuesto que se fijen objetivos anuales de potencia instalada en función de la demanda, con el fin de minimizar el impacto sobre el déficit de tarifa. La respuesta del sector La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ha roto las conversaciones con el Ministerio de Industria por estar en completo desacuerdo con la norma que quiere aprobar, presentaba esta semana el impacto macroeconómico que ha tenido el sector en España durante 2010. El presidente de la AEE, José Donoso, dejó claro que los planes de Miguel Sebastián carecen de la visibilidad necesaria para atraer la inversión y reiteró que, de aprobarse el nuevo reglamento, se ponen en peligro 15.000 puestos de trabajo hasta 2020. Que se ha reducido la aportanción al PIB de esta industria en 2010. Y que podría producirse el "apagón eólico", de aquí a los próximos tres años. Así las cosas, ya han presentado las alegaciones al borrador y llegarán hasta el final en la batalla legal, de aprobarse lo que está preparando el Gobierno. Desde la asociación prefieren que se retrase cualquier decisión, aún a riesgo de que se queden en el aire numerosos proyectos y se produzca un vacío legal hasta que llegue el nuevo Ejecutivo, a que se apruebe una regulación "tan perniciosa como la propuesta". "Es un modelo de primas variables que impide saber cuáles serán los ingresos de un parque de un año para otro, lo que impide su financiación y hacer planes", añadió Donoso. Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovable apuntaba que el Real Decreto paralizará el sector e impedirá alcanzar los objetivos de renovables para 2020. Industria tiene menos de un mes por delante para elevar el proyecto al Consejo de Ministros.