La nombró responsable del área de Particulares en Alicante tras convertirse en directora generalEl Frob permite a la caja renovar la suscripción de 200 millones en pagarés de la Generalitatmadrid/valencia. A la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, se le acumulan los problemas. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para esclarecer si las causas por las que el Banco de España ordenó su despido -buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente-, son constitutivas de delito. Pero no sólo eso. Según han confirmado a elEconomista fuentes oficiales del Ministerio Fiscal, "se va a investigar absolutamente toda la gestión llevada a cabo, incluido el posible caso de nepotismo". ¿La razón? Apenas cinco meses después de llegar a la dirección de la caja y nada más romperse el acuerdo de integración con Cajastur, Amorós aprovechó una reorganización de los cuadros directivos, el pasado mes de abril, para promocionar a una de sus dos hermanas que trabajan en la entidad alicantina. Cambios organizativos Se trata de Luisa Esperanza Amorós, que pasó de ser subdirectora de zona a directora de particulares de la Dirección Territorial de Alicante. Poco antes, dirigía una oficina de internacional -para clientes extranjeros- en Benidorm. Conocida dentro de la caja como Luanza, sustituyó en el cargo a Salvador Cases, y hasta la fecha, pese a los rumores de que el Banco de España podría revocar también su nombramiento, sigue en su puesto. De hecho, fuentes oficiales de la CAM afirman que recientemente ha habido una remodelación del organigrama de la territorial alicantina, ordenada por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que no le ha afectado. elEconomista ha intentado recabar su opinión sobre el caso, pero la directiva, que ocupa un segundo nivel dentro del escalafón de la CAM, ha declinado hacer ningún tipo de comentario. Al final, todo queda en cualquier caso en familia, porque la otra hermana de María Dolores Amorós, Francisca, se mantiene también como directora de una oficina en la localidad murciana de Molina de Segura. Las tres llegaron a la caja de la mano de su padre, un antiguo empleado de la entidad, aunque la carrera más meteórica fue la de María Dolores, que entró en 1978 sin formación alguna y en 2001 fue nombrada directora general adjunta. El pasado mes de noviembre accedió a la dirección general, en sustitución de su mentor, Roberto López Abad, que se marchó al banco creado con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que se deshizo cuatro meses después. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya a los administradores información sobre las causas que motivaron el cese y despido de Amorós el pasado 28 de septiembre tras conocerse su gestión al frente de la caja, por la que tenía fijada una retribución anual de 593.040 euros. Eso, al margen de cerrar un acuerdo con el entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, para percibir una pensión vitalicia de 369.497 euros, con una revalorización del 2 por ciento anual desde su jubilación. Estos acuerdos no pasaron por la comisión de Retribuciones, el consejo de administración o la comisión de control de la caja, según han aclarado a elEconomista miembros de estos organismos, y aunque el salario y la pensión fueron aprobados por Crespo, que tenía atribuciones para ello, los interventores del Frob consideran cuando menos "reprobable" que Amorós los aceptara conociendo la situación de la caja. Según la Fiscalía, todavía es pronto para pronunciarse sobre si hay responsabilidad penal. La investigación se inició hace apenas una semana y media, por lo que está todavía en una fase incipiente. Lo que parece claro, al menos a simple vista, es que a Amorós no le ha dado tiempo a acumular un patrimonio demasiado extenso. Casada con un arquitecto, tan sólo figura a su nombre una modesta casa de pueblo en el centro de San Vicente del Raspeig (Alicante), donde empezó a trabajar a los 20 años en una oficina de la CAM. Deuda de la Generalitat La caja alicantina ha renovado por tres meses más los pagarés de la Generalitat suscritos el pasado mes de julio, días antes de la intervención por parte del Banco de España, por importe de 200 millones de euros. La suscripción de estos pagarés hace tres meses, que en realidad era una renovación, motivó algunas críticas, al considerarse que era un favor de Modesto Crespo al Gobierno de Francisco Camps -ambos dejaron sus puestos una semana después- en un momento en el que la entidad no tenía liquidez, como se demostró al tener que prestarle el Frob 3.000 millones de urgencia al intervenirla. En esta ocasión, la renovación ha contado con la autorización de los administradores del Frob y tiene el mismo tipo de interés, el 4,75 por ciento, según informó ayer el Instituto Valenciano de Finanzas. Los tres administradores del Frob en la CAM, José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz, han citado hoy a los representantes sindicales, después de que estos se hayan quejado reiteradamente de que no se les informa "de nada" y de que se enteran de lo que pasa en la entidad "por la prensa". El pasado 10 de octubre, más de 200 delegados de los sindicatos Sicam, CCOO, UGT, y CiC se concentraron ante la sede del Banco de España en Madrid para protestar contra la forma de actuar del organismo y solicitar que se incluya en el cuaderno de venta de la caja un compromiso de mantenimiento del empleo y de la obra social.