Más de un centenar de abogados del turno de oficio de Valencia protagonizaron el martes pasado, 4 de octubre, la primera protesta ante Alberto Fabra -presidente de la Generalitat Valenciana desde finales de julio- por retrasos en los pagos, en concreto, porque la Generalitat no ha abonado prácticamente nada de sus honorarios de 2011. La protesta se produjo por la tarde, sin anuncio previo, a la entrada de un hotel donde el presidente Fabra iba a pronunciar una conferencia organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta. Fabra no llegó a encontrarse cara a cara con los manifestantes, vigilados por un fuerte dispositivo policial, ya que entró al hotel por una puerta lateral. La Policía tomó los datos de algunos de los manifestantes, que portaban el Documento Nacional de Identidad en la boca, al tratarse de una concentración no autorizada. La protesta tuvo lugar un día después de que el Colegio de Abogados de Valencia denunciase públicamente que la Generalitat ha incumplido el acuerdo que firmaron el año pasado -cuando ya hubo protestas por impago-, ya que ha pagado sólo un 39 por ciento de los honorarios del primer trimestre de 2011 y nada del segundo y tercer trimestre, lo que supone una deuda que asciende a un total de 7,72 millones de euros. Los letrados han ido cobrando gracias a una línea de confirming abierta con el Banco Sabadell, línea que ahora ha sido cancelada al resultar "inasumible" para el Colegio de Abogados de Valencia, dado lo abultado de la deuda, según la organización profesional. El consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat, Jorge Cabré, se comprometió, poco antes de que tuviera lugar la concentración, a pagar a los abogados que participan en el turno de oficio el 61 por ciento de lo que se les debe del primer trimestre de este año 2011 en unos 15 días aproximadamente. El consejero reconoció que "lo ideal" sería que la Administración "pagase y fuese al día", pero "la realidad es la que es, y por tanto hay que partir de aquí para buscar las soluciones". Preguntado por si puede correr peligro el turno de oficio, respondió que no, "ni en España ni en toda la Comunitat" porque es un derecho constitucional. Indicó, además, que los colegios de abogados "tienen obligación de cobrar, pero el servicio se prestará". "El colegio garantizará la prestación del servicio porque es su obligación, sin perjuicio de que entiendo que nos sigan reclamando el pago de los honorarios", concluyó el consejero.