Un 55 por ciento de los españoles han acudido a un abogado para consultar algún problema jurídico y el uso de estos servicios tiende a ser similar en todos los sectores sociales, según se extrae de las conclusiones del Barómetro Externo de Opinión del Consejo General de la Abogacía (CGAE), que recoge un total de 4.000 entrevistas realizadas por Demoscopia. Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado, el grado de satisfacción con los servicios recibidos sigue siendo muy elevado. La satisfacción de conjunto es puntuada con un 6,9 (sobre un total de diez puntos), lo que supone una caída de 1,4 puntos sobre el Barómetro de 2008. Destaca en las respuestas, de modo especial, la atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7,9), así como la preparación técnica y el interés por el asunto (puntuados con un 7,3). Incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma claramente positiva (6,7). Todas las evaluaciones son ligeramente más bajas que en 2008, y similares en conjunto a las obtenidas en 2005: el estado general actual del ánimo colectivo, ya aludido con anterioridad, puede sin duda explicar esta tenue matización de las mismas. Los españoles valoran entre las características que un abogado debe tener el que cuente con la capacidad de saber buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa, en un 62 por ciento sobre el total de los casos, frente a que tenga mucha experiencia en juicios ante los tribunales para que tratara de conseguir el máximo posible, preferida en el 35 por ciento. Con respecto al comportamiento de los abogados, existe división de opiniones sobre qué organismos deberían proceder a sancionarlos. En un 48 por ciento de los casos se decantan por que esta tarea corresponda al Ministerio de Justicia o a los tribunales, mientras que el 41 por ciento prefiere que sean los Colegios de Abogados. Sube la visita a las comisarías El Barómetro muestra que un 56 por ciento de los españoles han pasado por Comisaría para realizar una denuncia frente a un 48 por ciento que lo hicieron en 2008 y a un 35 por ciento que lo había hecho en 2002. Estas cifras constatan la consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita parece así haber logrado que nadie que necesite asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos. Como dato interesante, la crisis económica tiene un claro reflejo en el número de actos notariales, que ha sido un período de profunda crisis económica, con una llamativa caída del número total de actos notariales, que ha sido en los últimos decenios un indicador sumamente fiable respecto de la vitalidad de la vida económica y social. Así, se puede comprobar, que el número de quienes han pasado por las notarías en los últimos tres años ha bajado desde el 81 por ciento en 2008 al 79 por ciento en 2011. Valoraciones sociales La confianza que expresan los españoles respecto de los grupos sociales e instituciones que les son sometidos a evaluación en este Barómetro del Consejo General de la Abogacía ha tendido, en conjunto, a decrecer. Se mantienen, o experimentan un menor desgaste relativo, aquellas instituciones que son percibidas como altruistas, es decir, las que se asocian más directamente con la defensa del bien común (los científicos, la policía, las fuerzas armadas, la Seguridad Social). Esta suele ser la pauta común en prácticamente todos los países. En cambio, las instituciones y grupos sociales que se perciben como dedicados a la defensa o promoción de intereses sectoriales, por legítimos que sea, tienden, en todas partes, a ocupar los últimos lugares del ranking y, en épocas de crisis, a experimentar además el mayor desgaste de imagen: es el caso de políticos, partidos políticos, bancos y sindicatos. Los abogados se mantienen en un confortable lugar medio-alto, que puede, incluso, resultar sorprendente atendiendo a la naturaleza de sus funciones. Por ello, el Barómetro afirma que "el abogado es abogado de parte: goza de la confianza total de su representado, pero al mismo tiempo no puede sino concitar recelo en la parte contraria. Esta doble imagen podría dar lugar a una evaluación ambivalente o reticente por parte de la ciudadanía: no es así. Los españoles parecen percibir que, mediante la defensa de sus representados, los abogados están realizando una contribución a la justicia: es decir, están llevando a cabo una función de interés público. Algo que, sorprendentemente, no parece tener tan claro nuestra ciudadanía respecto del concreto grupo social cuya función es, precisamente, hacer justicia: los jueces, que obtienen una puntuación más baja". Consideran los entrevistados que la Justicia funciona mal y "lleva haciéndolo ya años", remarca el Barómetro". Perciben una imagen anticuada, que es tan lenta y que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella. Incumplimiento de sentencias Reconocen que su lenguaje y procedimientos son complicados en exceso y difíciles de entender para el ciudadano medio; en muchas ocasiones no sirve de nada obtener la razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal. Además, con frecuencia los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual, tienden a estar "fuera de onda" respecto de lo que ocurre en la sociedad y, además, al dictar sentencia no actúan con total independencia. En definitiva, las conclusiones de las encuestas dicen que la Justicia española necesita una reforma profunda y urgente. Se trata del primer diagnóstico, rotundamente severo, que los españoles emiten cuando se les pregunta por el actual estado y funcionamiento de la Administración de Justicia. Ahora bien, sobre este negativo trasfondo, formulan también apreciaciones que pueden a primera vista resultar contradictorias pero que cabe entender como matizaciones -muchas veces sustanciales- a las anteriores contundentes aseveraciones. "Así, junto a todo lo anterior, nuestra ciudadanía piensa también que, con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades; que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien efectivamente la tiene; que en general los jueces no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas (aunque luego, tiendan a dejarse influir); y que, en todo caso, son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea", añade el informe de la Abogacía. Igualmente severa, pero menos matizada, es la imagen que tiene nuestra sociedad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ocho de cada diez españoles piensan que tal y como ahora está organizado y funciona necesita una reforma urgente y profunda; siete de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales; seis de cada diez consideran que no es independiente, en sus decisiones, del Gobierno o de los distintos partidos políticos.