El organismo estatal ha paralizado la venta de su participación accionarial, prevista para este añoCree que es incompatible que tras privatizarse la aerolínea una entidad 'semi pública' controle el 23%madrid. La toma de los mandos de Caja Madrid en Iberia no ha gustado a todos los pasajeros del avión. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no sale de su asombro. El organismo estatal cree que es un paso atrás que la caja -considerada por muchos como un organismo semi público- controle el 23 por ciento de la aerolínea de bandera española. "Desde la dirección de la sociedad dependiente del Ministerio de Economía hay enfado y desacuerdo y así se lo han transmitido a la cúpula de Iberia", aseguran a este periódico fuentes cercanas al órgano presidido por Enrique Martínez Robles, que es dueño del 5,2 por ciento del capital de la empresa. "En la Sepi no ha sentado nada bien que después de un proceso de privatización tan complicado como el que se produjo en Iberia, ahora se regrese al proteccionismo", añaden las mismas fuentes. No hay que olvidar que durante la desnacionalización de Iberia hubo que convencer a varios inversores privados para que confiaran ciegamente en la compañía, incluso antes de que saliera a bolsa. Una vez que comenzó a cotizar, el núcleo duro de la aerolínea registró minusvalías durante muchos años hasta que en la segunda mitad de 2006 comenzó a salirle rentable su participación. Era lógico que tras tantos años de incertidumbre muchos de ellos aprovecharan para vender su paquete accionarial y recoger las ganancias esperadas. Pero cuando comenzaban a echar cuentas de cómo había que desembarazarse del capital, irrumpió la oferta de compra del fondo de capital riesgo norteamericano Texas Pacific, la aerolínea British Airways y varios socios españoles: Inversiones Ibersuizas, Quercus y Vista Capital. El resto de la historia ya es conocida. Para evitar que Iberia cambiara de manos, Caja Madrid compró su participación a BBVA y Logista a 3, 6 euros por acción y se ha convertido en el nuevo piloto de la compañía aérea, con la fuerza que da el controlar casi la cuarta parte de la primera aerolínea española. El parón de las elecciones La operación ha frenado momentaneamente cualquier intento de compra y pospone la reanudación de la batalla hasta, como muy pronto, después de las elecciones generales de marzo. Pero el problema para Sepi es que la fuerte presencia accionarial de la entidad financiera es un regreso al pasado. La particular naturaleza jurídica de Caja Madrid -que como el resto de cajas no cotiza en bolsa- le aleja de las normas de buen gobierno corporativo que deben regir toda empresa. Sin accionistas, ni la obligación de someterse al escrutinio del mercado, estas entidades acaban siendo gobernadas por los políticos. Es más, la ley actual les permite llegar al 50 por ciento de presencia en sus órganos de gobierno. Por ello, todas las entidades acaban dependiendo del control público, sobre todo de los gobiernos regionales de turno. Es el caso de Caja Madrid, donde en estos momentos se extiende la larga sombra de Esperanza Aguirre y el PP, por lo que en la práctica acaban siendo empresas de control público. No es ningún secreto que una de las principales razones por las que la Comunidad de Madrid ha ordenado a Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, el aumento de capital en Iberia es para evitar que la nueva T-4 del aeropuerto de Barajas, que ha supuesto una inversión superior a los 6.000 millones de euros, caiga en manos no deseadas. Este control semi público es lo que exaspera a Sepi que, por cierto, depende del Estado, y por tanto del PSOE. De esta manera, el cambio en la tarta accionarial de Iberia también ha obligado a modificar los planes del organismo estatal, cuya política durante los últimos años es ir desprendiéndose paulatinamente de las participaciones de vigilancia que todavía posee en algunas empresas privadas. Siendo coherente con esta política, Sepi anunció a mediados de octubre que su intención era vender su paquete accionarial del 5,2 por ciento para este ejercicio y conseguir unas plusvalías de 103 millones de euros. Pero tras los acontecimientos de las últimas semanas, "su salida del capital se ha paralizado hasta que no se aclare el futuro de la aerolínea", añade un experto en privatizaciones. Venta no rentable Un portavoz oficial de Sepi consultado por elEconomista sobre el enfado por el cambio accionarial no quiso realizar ningún comentario al respecto y sólo se limitó a señalar que "este organismo siempre actúa de acuerdo con criterios profesionales". Razón no les falta porque, independientemente de las motivaciones políticas, la salida de Sepi del capital de Iberia sería en estos momentos un negocio nefasto. En los cálculos anunciados en octubre, Sepi estimaba que iba a vender su participación a un precio entre 3,7 y 3,8 euros y el pasado viernes la cotización de Iberia se hundía hasta 2,68 euros, tras perder un 4,63 por ciento en un día. Pero la razón económica, aunque cierta y evidente, es sólo una excusa oficial. Sepi no se quiere marchar de Iberia hasta no estar segura de que el proceso de privatización de la aerolínea no se ha realizado en balde. El organismo dependiente de Solbes no tiene ningún miembro en el Consejo de Administración de Iberia, ni tampoco forma parte de los pactos parasociales del núcleo duro, pero es un accionista de referencia con peso específico. Además, su participación del 5,2 por ciento ha sido durante estas últimas semanas un caramelo muy codiciado por los dos consorcios españoles que todavía pululan en torno a Iberia. Pese a la negativa del consejo de Iberia de abrir los libros al grupo de inversores liderado por Gala Capital hasta que no lancen una oferta en firme, el fondo de capital riesgo capitaneado por Tejera y Bergel no pierde la esperanza. Lo mismo ocurre con el otro consorcio encabezado por los empresarios españoles Zorita, Salas y Castellano. Ambos grupos se han puesto en contacto con Sepi para saber si su participación está en venta. Y ya saben que, de momento, no lo está.