La FEMP envía una carta de adhesión al Código de Buenas Prácticas para el despliegue y logra 45 acuerdos en un mesmadrid. En España existen más de 400 ordenanzas municipales diferentes que regulan el despliegue de antenas de telefonía móvil. En un gran número de los más de 7.700 municipios restantes no hay una regulación propia pero se alarga indefinidamente la concesión de las licencias. Las compañías telefónicas tienen que ajustarse constantemente a esta realidad cambiante. Se han buscado soluciones pero la realidad es que, esta misma semana que termina, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por tomar un ejemplo, ha aprobado una nueva ordenanza que prohíbe la instalación de una antena móvil a menos de 100 metros de un colegio o una residencia de ancianos. Las operadoras parpadean perplejas una vez más y se preguntan de dónde sale esa filosofía de proteger al niño más en el colegio que en su casa, cuando en ambos casos las emisiones radioeléctricas están entre "cerca de mil veces por debajo de los límites" que fija Europa.Y mientras, el uso del móvil no deja de crecer. Las operadoras estiman que se necesita un 20 por ciento más de antenas que las que hay instaladas para mantener los niveles de cobertura actuales, desarrollar la tercera generación móvil (UMTS) y ejecutar el plan de extensión de la telefonía celular a las zonas rurales y de interés estratégico (ver cuadro superior). Industria, la Federación española de Municipios y Provincias (Femp) y las operadoras llevan cerca de un año intentando sacar a la luz un Código de Buenas Prácticas que debían haber hecho público a mediados del pasado mes de noviembre. elEconomista ha tenido acceso a dicho código y en él, ciertamente, no se va mucho más allá de recomendar a las compañías que camuflen las antenas y la instalación que las rodea con pintura del color del entorno. Gris galvanizado para zonas industriales o colores verdes y marrones en zonas no urbanas. Compartir infraestructuras en mástiles y casetas, que son los elementos más visible, pero no en los que emiten la radiación, es otra de las recomendaciones. Es decir, ojos que no ven... Las operadoras comentan que en ocasiones se les han quejado de jaquecas y trastornos en el sueño por antenas que aún no emitían. Los retrasos varios propiciados por algunos grandes ayuntamientos y por la tardanza en crear el Servicio de Asesoramiento Técnico e Información (SATI) han ido posponiendo el anuncio del Código y lo han acercado en exceso al periodo de elecciones municipales, un mal momento para que los ayuntamientos accedan a agilizar los trámites de despliegue.Porque de eso es de lo que se trata al final y eso, creen, se consigue mitigando la alarma social. El plazo quiere situarse en un máximo de seis meses y medio desde la solicitud de instalación de la antena. Un grupo de Trabajo del Ministerio ha fijado este plazo teniendo en cuenta las competencias de las distintas administraciones. Un mes para que el Estado apruebe "el proyecto técnico de telecomunicaciones, conjuntamente con el estudio de niveles de exposición radioeléctrica y proyecto de instalación de señalización". Simultáneamente, se solicitaría al ayuntamiento competente "una licencia urbanística única que incluya la licencia de obras, instalación y actividad", para lo que se establece un plazo de 3 meses. Tres meses más para que de nuevo la Administración central otorgue "la inspección favorable de las instalaciones conforme con el proyecto técnico". El último paso, dependiente de nuevo del ayuntamiento y para el tendría quince días, sería otorgar la licencia de funcionamiento. Industria, la Femp y Aetic enviaron a finales de febrero una carta a los ayuntamientos para empezar a sumar adeptos a su plan. Se ofrece seguridad jurídica y asesoramiento del SATI a cambio de que acepten en Pleno, acogerse al acuerdo de colaboración para el despliegue de antenas. De momento se han sumado unos 45 consistorios.