El Parlamento Europeo aprobó un reglamento para evitar la información privilegiada en el mercado mayoristaMADRID.El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía se ha plantado ante las eléctricas. Ante la sospecha de que los precios en el mercado mayorista sean manipulados, ha decidido abrir una investigación. O lo que es lo mismo, un expediente informativo que analizará las transacciones realizadas en el mercado OTC energético en los días previos a la celebración de las subastas de energía eléctrica supervisadas por la CNE (las subastas CESUR). El objetivo es impedir que los negociadores se aprovechen de su posición para forzar un aumento artificial de los precios que luego se traslade a los clientes minoristas. La próxima subasta se producirá el 27 de septiembre y los precios en los últimos meses se habían mostrado al alza. La preocupación trasciende nuestras fronteras. Precisamente la noticia llegaba acompañada de otra desde Bruselas. El Parlamento Europeo aprobaba un reglamento para evitar la manipulación y el uso de información privilegiada en los mercados mayoristas de energía. La norma, pactada con los Gobiernos de los 27, sólo está pendiente de su ratificación formal, y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Obligará a todos los actores del mercado, incluidos los operadores energéticos, a registrarse a nivel nacional. La agencia europea de cooperación de los reguladores energéticos, con sede en Liubliana (Eslovenia), desarrollará un registro general y vigilará las operaciones transfronterizas para detectar posibles casos de abusos. Hay que señalar que los responsables de sancionar las conductas abusivas serán los reguladores de cada Estado miembro. La Eurocámara y los Gobiernos pactaron que todos los países aprueben sanciones proporcionadas, eficaces y disuasivas, y dejaron la puerta abierta a que Bruselas proponga en el futuro armonizar las penas. Bono social Por otra parte, el Consejo decidió reponder a una consulta sobre la aplicación automática del bono social. Se refería a los consumidores de último recurso, que en su día no tenían derecho a ese bono, pero que solicitaban una reducción de su potencia contratada por debajo de 3KW para poder acogerse. Al final, la CNE ha considerado que sí se podrán beneficiar, siempre que corresponda a personas físicas con potencia contratada de menos de 3 KW en su vivienda habitual.