La Eurocámara y los Gobiernos ultiman el texto de sancionesBruselas. El Parlamento Europeo y los Gobiernos de los 27 ultiman un acuerdo para que la UE imponga multas de hasta el 0,2 por ciento del PIB a los países con déficit y desequilibrios excesivos. En el caso de España la sanción ascendería a 2.000 millones de euros. El nuevo sistema sancionador es uno de los pilares centrales de la respuesta a la crisis de deuda, pero su adopción, prevista para junio, se frenó por el desacuerdo entre las instituciones. El principal punto de discrepancia que impedía el compromiso es que la Eurocámara, que cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), exige que las multas sean casi automáticas. En contraste, los Veintisiete desean conservar un mayor margen de ma- niobra político antes de lanzar los procesos sancionadores a los países endeudados. La presidencia polaca ha presentado una propuesta intermedia para contentar a la Eurocámara. Según ésta, los procedimientos sancionadores se lanzarán de forma automática a propuesta de la Comisión, salvo que una mayoría simple de países se oponga. El Parlamento Europeo y el BCE exigían que las multas se desencadenaran automáticamente a menos que el Consejo las rechazara por mayoría cualificada. El objetivo es reforzar la independencia de la Comisión y prevenir las interferencias políticas de los ministros de Economía en el proceso sancionador. Se trata de evitar lo ocurrido en 2003, cuando Alemania y Francia frenaron las sanciones que reclamaba el Ejecutivo comunitario y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.