Las empresas confían en un acuerdo en el proyecto de ley o tomarán medidasmadrid. ¿Es razonable que los consumidores paguen por unos derechos que el Gobierno les ha dado gratis a las eléctricas? El Ministerio de Industria lo tiene claro: no. Joan Clos logró salvar ayer los muebles en el Congreso de los Diputados después de dos semanas de infarto. El titular de Industria consiguió, con 186 votos, que se convalidara el Real decreto que le permitirá al Gobierno restarles a las empresas los ingresos logrados por el CO2, es decir, cerca de 1.400 millones de euros, que servirán para que el Ejecutivo pueda enjuagar el galopante aumento del déficit de tarifa, que ascenderá a más de 12.200 millones al finalizar 2008. Las eléctricas, por su parte, están dispuestas a dar la batalla. Para ello han contratado a Uría & Menendez para elaborar su estrategia judicial. Unesa esperará a la tramitación del proyecto de ley al que se ha comprometido Industria antes de tomar medidas, pero entretanto quieren conocer sus posibilidades. Clos explicó durante su comparecencia que esta medida es una "prórroga de una normativa vigente", aprobada en marzo de 2006. El ministro, tal y como adelantó elEconomista, desveló que la Comisión Europea está pensando en cambiar el sistema de asignación de los derechos de emisión. Concretamente, Bruselas piensa en realizar una subasta a partir de 2012, algo que "resulta mucho más eficaz" en otros países y que servirá para que las eléctricas no internalicen el coste de unos derechos que el Ejecutivo les entrega de manera gratuita. El ministro indicó que el objetivo es "corregir efectos distorsionantes y no deseados" que el sistema había generado. Se "busca la equidad, que no se produzcan distorsiones sobre la forma de pago por parte de los usuarios de unos derechos gratuitos que el Estado ha concedido a las empresas", dijo. Las eléctricas contaron con el apoyo del Partido Popular, Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco. Los tres partidos podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero ninguno lo ha anunciado de momento. El Gobierno ha logrado con esta medida unir a las empresas del sector eléctrico que no tenían una posición común desde septiembre de 2005, cuando Gas Natural lanzó una opa sobre Endesa con el apoyo de Iberdrola. A la espera de Bruselas Las eléctricas creen que Bruselas en varios informes les da la razón y que la internalización del precio es adecuada por motivos de defensa de la competencia. Con esta situación, ambas partes han firmado la paz hasta que pasen las elecciones. Las compañías disponen de un año para recurrir el Real Decreto Ley.