Hoy se tratará en el Congreso la medida de Industria con la oposición del PPmadrid. El Real Decreto que pretende obligar a las eléctricas a devolver unos 1.500 millones de euros en concepto de los derechos de emisión de CO2 que les había asignados la Administración va a ser uno de los quebraderos de cabeza que tanto el Ministerio de Industria como el sector del kilovatio se van a llevar en la agenda para el año que viene. Al vendaval de críticas contra la decisión del departamento dirigido por Joan Clos se suma ahora la de HC Energía, otra de las compañías cuyas cuentas se verán afectadas por la aplicación del decreto. Un motivo más que suficiente para recurrir la medida que ha decidido aplicar al Ministerio, además de hacerlo como miembros de la patronal del sector, Unesa. A pesar de que desde la filial española de EDP prefieren no dar datos concretos sobre cómo afectará la aplicación del decreto a sus cuentas, es de sobras conocido que su impacto sobre las compañías del sector será, cuando menos, fuerte. La prueba de fuego para la iniciativa tendrá lugar durante la votación en el Congreso, si bien el Partido Popular ya ha manifestado su oposición a la medida de Industria. La misma postura que Unesa, que confía en que el decreto se tramite como proyecto de ley, en cuyo caso se admitirían modificaciones y matizaciones que permitiesen acercar posturas entre el Gobierno y las compañías eléctricas. En cuanto al resto de partidos políticos, y según informaba ayer Ep, se espera que en la sesión parlamentaria de hoy CiU decida abstenerse, mientras que el PNV no se ha querido manifestar sobre sus intenciones. En caso de que esta tarde se cumplan las expectativas el Real Decreto saldría adelante tal y como está redactado a día de hoy.