El día 23 de agosto la federación sindical decidirá la fecha en la que se celebrará el paroroma. El segundo plan de austeridad de Italia que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes ha despertado el malestar sindical. La mayor federación sindical italiana amenazó con una huelga general por la "injusticia" de las medidas. El decreto anunciado por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para calmar las tensiones de los mercados y las presiones de Bruselas, establece un ajuste de 45.500 millones de euros, lo que garantizará equilibrar el presupuesto de 2013, un año antes de lo previsto por el plan anterior. A pesar de las declaraciones de Berlusconi de que le "sangra el corazón porque hemos tenido que meter la mano en el bolsillo de los italianos", las mayores críticas se desataron por el impuesto solidario, que grava las rentas de más de 90.000 euros anuales. No obstante, además de estas medidas, los sindicatos contemplaron cómo se introducía en el plan de ajuste la supresión de unas 34 provincias y la fusión de 1.500 ayuntamientos. Esta iniciativa supondrá un fuerte ahorro por la mejor gestión de recursos, tanto materiales como humanos, ya que el programa supondrá la amortización de unos 50.000 cargos públicos. La líder de la confederación sindicalista CGIL, Susanna Camusso, explicó al periódico transalpino la Repubblica que el paquete "sólo afecta a los que ya pagan sus impuestos", y agregó que se decidirá la fecha de una huelga general en una reunión de emergencia el 23 de agosto. "No veo de qué otro modo podemos oponernos a este plan de rigor injusto", estimó la representante sindical italiana. Hasta ahora, el Ejecutivo transalpino no ha dado los detalles de la pérdida de estos puestos públicos, que corresponden a cargos de confianza que se encuentran en ayuntamientos y provincias, aunque también a parte del funcionariado que trabaja en estas localidades. Estas nuevas medidas se suman a las adoptadas a mediados de julio por el Parlamento, por un total de unos 48.000 millones de euros.