Flaco favor ha hecho Alberto Oliart a RTVE. El ya expresidente de la Corporación, después de presentar su dimisión en el cargo la semana pasada, ha dejado al organismo público en mitad de la encrucijada. Una encrucijada que podría tener como resultado la desaparición del organismo tal y como lo conocemos. Es decir, público. Oliart fue el hombre del consenso. Su nombre fue el único capaz de poner de acuerdo a PP y PSOE a finales de 2009, cuando la crisis económica más arreciaba. Sin embargo, rápidamente se le vio el plumero al expresidente, valedor de Roure en la Corporación y en la misma línea que el Gobierno. Los escándalos no tardaron en llegar pero, pese a la contratación y adjudicación de concursos a varios familiares, Oliart representaba el nexo de unión, la consistencia de su idiosincrasia. Así, aunque su gestión no ha sido del todo buena, dejando a la compañía en pérdidas y perdiendo importantes contratos como el de la Warner o el Mundial de Motociclismo, Oliart seguía jugando el papel unificador que tanto necesitaba la Corporación. Ahora, pese a los escándalos y su cierta inoperancia, se marcha sin más, justo antes de unas elecciones generales, las cuales impedirán que las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo con respecto a un nuevo presidente. Ahora el poder dentro de RTVE lo tiene todo el consejo, lo que no gusta en muchos ámbitos por las dificultades de gestión que eso implica. Con este panorama, todas las quinielas dan como ganador al PP en los próximos comicios, firme defensor de la privatización de la televisión pública por los elevados costes que supone. En este sentido, si la llegada de Oliart a la Corporación hubiera dado estabilidad a la casa y la hubiera apartado de la senda de los escándalos, donde la había asentado Luis Fernández, su predecesor, al cometer innumerables irregularidades, el futuro pintaría mejor. Pero no. Tenía que hacer todo lo contrario, encendiendo los ánimos del PP, que no piensa consentir que la Corporación siga siendo feudo de negocietes socialistas y mucho menos un organismo público que consuma ingentes cantidades de recursos en mitad de la crisis que atravesamos. Alberto Oliart podría haber dado la puntilla a RTVE. La industria del motor presiona a la DGT La batalla que la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) ha emprendido contra la Dirección General de Tráfico (DGT) a cuenta del nuevo permiso A, que posibilita conducir motocicletas con más de 47 caballos de potencia, ha dado un salto cualitativo esta semana, tras la entrega de una propuesta jurídica que persigue introducir cambios de carácter transitorio en el Reglamento General de Conductores. Entre las medidas figura la rebaja de la edad legal para reducir de 15 a 14 años la edad permitida para conducir ciclomotores, así como la introducción de un examen que permita a los jóvenes con 24 años o más conseguir el carné A. Hasta la fecha el director general de Tráfico, Pere Navarro, no ha ofrecido una respuesta al texto preparado por el despacho Garrigues, y lo más seguro es ni se digne a contestar. De hecho, la introducción anticipada del carné A en España, dos años antes de que lo lleven a efecto el resto de países europeos, ni siquiera fue consultada con la patronal de las dos ruedas. Para colmo de males, el Ministerio de Interior se encuentra inmerso en un proceso de cambio con la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba, que supone una dificultad añadida a la resolución de un problema que ha puesto contra las cuerdas a las fábricas instaladas en España, los distribuidores y los fabricantes de componentes. La estrategia seguida por la DGT ha sido efectiva en la reducción de muertos en las carreteras españolas, es cierto, pero sus estadísticas mensuales no incluyen a los miles de trabajadores que han perdido su empleo.