El Alto tribunal acepta las medidas cauteleras reclamadas por la eléctricamadrid. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha logrado una primera victoria en la guerra por los blindajes estatutarios, lo que supone un varapalo para ACS, tal y como adelantó ayer eleconomista.es El Tribunal Supremo atendió la petición de medidas cautelares de Iberdrola para que la enmienda por la que se eliminaba la limitación al 10 por ciento en los derechos de voto en la compañía no entrará hoy en vigor en su caso, ya que de lo contrario se podría causar un daño de diíficil arreglo. El Alto Tribunal rectifica de este modo una decisión anterior de inadmisión adoptada a principios de junio cuando se reclamaron medidas cautelarísimas. La admisión a trámite de la solicitud formulada por Iberdrola se ha realizado al amparo del recurso interpuesto el pasado mes de septiembre por unas presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de la norma. Según explicaron fuentes de la eléctrica, de acuerdo con una doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, supone que la eléctrica no se vea obligada a aplicar el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital hasta que se resuelva sobre el fondo de la cuestión. La decisión del Alto Tribunal permite evitar los daños irreparables asociados a su aplicación como la pérdida de la fisonomía empresarial, al poder verse afectada por ataques de grupos especulativos realizados sin formular una oferta pública de adquisición; perjuicios a los minoritarios, cuya posición se debilitaría sensiblemente; y daños al propio mercado, que exige que las tomas de control se realicen mediante una opa. Veinte años blindados Iberdrola valoró ayer positivamente la decisión del Supremo de admitir a trámite la solicitud de suspensión ya que el blindaje estatutario se adoptó en Junta General hace más de veinte años. ACS que es el principal accionista de la eléctrica con un 19,02 por ciento, ve cómo sus expectativas de poder votar por su participación efectiva y sin tener ningún tope como ocurría hasta ahora, se esfuman. Y precisamente por lo relevante que era esta norma para la constructora se la bautizó como la enmienda del ladrillo, ya que también favorecía las posiciones de Sacyr en Repsol, donde cuenta con un 20 por ciento del accionariado. La resolución in extremis del Supremo sale a la luz justo un día antes de que las empresas cotizadas perdieran sus blindajes ante movimientos de accionistas hostiles. Y precisamente para Iberdrola se trata de un tanto a su favor, ya que en su recurso alega defectos de forma en la tramitación de la norma y subraya aspectos como los daños que, en su opinión, la supresión de los blindajes provoca a los accionistas minoritarios. No obstante, un informe del Banco Santander, desvelado ayer por elEconomista, ya ponía de manifiesto el limitado margen de maniobra de ACS aunque se eliminaran los blindajes. La razón principal que esgrime la entidad es el abrumador apoyo que recibió el consejo de la compañía que preside Ignacio Galán en la última junta de accionistas. En concreto, todas las propuestas en el orden del día se aprobaron con un respaldo que incluso en los asuntos polémicos superó el 79 por ciento, como el refuerzo de poderes a Sánchez Galán o la reducción del número de consejeros, lo que pone una obstáculo más a ACS en su intento de acceder al máximo órgano de gestión. El informe pone de manifiesto que deben tenerse en cuenta los derechos de voto de la BBK, con una participación del 6,2 por ciento, de Qatar Holding (6,2 por ciento) y de Bancaja (5,2 por ciento), a pesar de que estén por debajo de la limitación del 10 por ciento. Ambas compañías mantienen una pelea judicial al haber sido denegado el acceso de ACS al consejo. En un primer momento, la Justicia de Bilbao falló que ambas compañías eran competencia, respaldando así los argumentos de la dirección de la eléctrica. No obstante, ante los puntos acordados en la última junta, ACS amenazó con volver a impugnar la última asamblea.