Con esta sanción, que perjudica más a la primera de ellas, la CE pretende disuadir sobre la concertación de tarifasMADRID. La Comisión Europea ha impuesto a las firmas japonesas Sony, Fuji y Maxell (Hitachi), que controlan el 85 por ciento del mercado de video profesional, sendas multas por un importe total de 74,79 millones de euros por acordar precios de venta a sus clientes europeos de sus productos de cinta de video profesional entre 1999 y 2002, infringiendo una prohibición recogida en el artículo 81 del Tratado Europeo. La Comisión asegura que las tres empresas llegaron a un pacto de precios a través de encuentros regulares y otros contactos ilícitos. Sony deberá hacer frente a la sanción más elevada, que asciende a 47,19 millones de euros, debido a que las autoridades comunitarias decidieron incrementarla en un 30 por ciento tras comprobar que los representantes de la firma intentaron obstaculizar la investigación en el transcurso de las inspecciones a sus instalaciones. Por su parte, las multas impuestas a Fuji y Maxel se han visto reducidas en un 40 y 20 por ciento, respectivamente, dada la disposición de los empleados de ambas a colaborar con los inspectores comunitarios. Mientras que Fuji pagará 13,20 millones de euros, Maxell tendrá que hacer efectivo un montante de 14,40 millones de euros. Para calcular el importe de las multas, la Comisión aplicó por primera vez su 2006 Guidelines. Neelie Kroes, comisaria de Competencia, ha indicado que "esta sanción envía dos avisos a quienes se involucran en estas actividades ilegales: la Comisión podrá perseguir estos cárteles de forma efectiva incluso sin que exista un candidato que pueda optar a la inmunidad a cambio de su testimonio, y que obstruir una investigación antimonopolio provoca que las sanciones se agraven". En el caso de las cintas de video, que se vendían a cadenas de televisión y productoras, la investigación comenzó por iniciativa la Comisión con inspecciones por sorpresa a las sedes de las tres subsidiarias europeas de las firmas niponas en mayo de 2002. Estas inspecciones evidenciaron que existían prácticas de cártel. Según la Comisión, un empleado de Sony "rechazó contestar a las cuestiones planteadas por un inspector comunitario, mientras que otro fue descubierto triturando los documentos comprometedores durante una inspección".