Telefónica lidia a dos bandas con los sindicatos: perfila el expediente de regulación de empleo que afectará a un máximo de 6.500 empleados en un plazo de tres años y, al mismo tiempo, pergeña el convenio colectivo que regirá las relaciones laborales de la plantilla durante el próximo trienio. Ambos 'morlacos' están íntimamente relacionados, porque así lo exigieron los representantes de los trabajadores. Las centrales sindicales se mostraron convencidas de que tan importante como defender los intereses de los trabajadores que abandonarán la empresa era asegurar la estabilidad de los que quedarán en la compañía. En semejante tesitura, Telefónica ha movido sus piezas con especial destreza para llevar a feliz término una ambición que persigue desde hace mucho tiempo: vincular las mejoras salariales de la plantilla con los resultados de la empresa. Así ocurre con los directivos del grupo de telecomunicaciones y así ocurrirá con el resto de la organización. Tiene toda la lógica. En los tiempos de bonanza, todo serán alegrías e ingresos, mientras que en los momentos adversos tocará a todos apretarse el cinturón. Eso sí, los trabajadores se aseguran con una alza mínimo garantizada del 0,5 por ciento. A falta de los porcentajes y flecos, parece que el acuerdo laboral acabará plasmándose en el nuevo convenio. Guerra en el sector fotovoltaico Los quince fondos de inversión que han plantado cara al Gobierno no lograron el pasado jueves llegar a un acuerdo. La situación es complicada. España puede encarar un fuerte golpe en su imagen internacional si el arbitraje acaba en una sanción para que se desembolse del orden de 600 millones para compensar el recorte de las primas. El sector ha sufrido un parón pero lo cierto es que vuelve a encarar el futuro con alegría ya que las tasas de rentabilidad de la norma son incluso superiores al largo plazo. El único requisito es convencer a la banca de que el recorte no es tan malo a corto plazo y poder así refinanciar.