La Comunidad alega que la norma estatal invade sus competenciasmadrid. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el apartado de la Ley del Sector de Hidrocarburos en el que se define la autoridad administrativa sobre instalaciones de distribución de gas, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer. En concreto, el recurso fue presentado el pasado 3 de octubre contra el apartado 20 del artículo único de la ley 12/2007 y contra la disposición final primera de la misma norma, en la que se otorga carácter básico al texto. El apartado sobre el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presenta el recurso establece que la construcción, modificación, explotación y cierre de las instalaciones de distribución de gas natural estarán sujetas a autorización administrativa. No hay igualdad de condiciones La Administración, añade el texto ahora recurrido, deberá autorizar además la transmisión de estas instalaciones, y en sus decisiones acerca de cierre de las mismas podrá imponer a su titular la obligación de su desmantelamiento, recoge la agencia Europa Press. Por otro lado, el apartado señala que las autorizaciones de construcción y explotación deberán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la zona y, cuando ésta no exista, a la entidad que corresponda a partir de los principios de monopolio natural del transporte y la distribución, red única y de menor coste para el sistema gasista.La Comunidad de Madrid entiende que la norma estatal "invade competencias del Estatuto autonómico, e impide concurrir en igualdad de condiciones a todas las empresas distribuidoras para operar en la región".Los servicios jurídicos de la Comunidad Madrid aseguraron en su día que su objetivo era "defender los intereses de los madrileños en el mercado gasista". Fuentes de la Consejería de Economía señalaron a ElEconomista que se felicitaban por la decisión del TC de admitir a trámite su recurso. Aseguraron que sus únicos objetivos en la presentación del escrito es evitar que esta ley estatal invada las competencias autónomicas, y la defensa de los consumidores madrileños. En este sentido, recalcaron que la ley de Hidrocarburos supone una restricción de la competencia, y que una mayor oferta supone precios más baratos para el consumidor.