CAN y Kutxa anuncian recursos, mientras BBK y Vital lo estudianbilbao. Los gobiernos vasco y navarro salen en denfensa de sus cajas de ahorros después de que el lunes la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) las sancionase con una multa de 24 millones de euros por mantener durante quince años un supuesto pacto de no competencia y coordinación de sus comportamientos competitivos frente a terceros. Miren Azkarate, portavoz del Gobierno vasco, institución que no está presente en ninguno de los órganos de gobierno de las cajas vascas, tildó la sanción de "desproporcionada", que en el caso vasco suma 18 millones, el equivalente al 3,55 por ciento de los beneficios netos conjuntos del pasado ejercicio. Para Azkarate no está claro que los acuerdos de colaboración que pudieran haber tenido las cuatro entidades "hayan tenido una influencia perniciosa" sobre el mercado ni sobre los clientes. Al contrario, estima que la "desproporcionada" sanción de la CNC será la que perjudique a los clientes, ya que las cajas de ahorros "no son estrictamente privadas" por lo que serán "los ciudadanos los que acaben pagando". Para el presidente del Gobierno navarro, que a su vez es el presidente de Caja Navarra, Miguel Sanz, la conclusión de la CNC es "extemporánea y fuera de lugar". Rechazó todas la imputaciones, argumentó que se refiere a hechos muy antiguos, incluso anteriores a que se generalizara la expansión territorial de las cajas de ahorros en su conjunto. Recalcó que la forma aplicada sobre expansión de cada entidad responde únicamente a motivaciones de mercado. Caja Navarra y Kutxa tienen decidido recurrir la resolución de la CNC ante la Audiencia Nacional, a la vez que pedirán la suspensión cautelar de la multa. La vía judicial podría prolongar el caso hasta seis años dependiendo de los recursos que se formulen. Por el momento BBK y Caja Vital no han tomado una decisión al respecto, aunque sí lo están estudiando. Desde Kutxa niegan cualquier pacto o concertación para limitar la competencia de terceras entidades e insisten en que la política de expansión territorial responde a criterios de negocio y mercado.