Nuevo varapalo de la justicia comunitaria al proteccionismo de los poderes públicosbruselas. A golpe de sentencia, la jurisprudencia comunitaria sigue confirmando que, salvo por razones excepcionales e imperiosas de interés general, la intervención de los poderes públicos en la gestión de las empresas privadas es incompatible con el libre mercado. Ayer le tocó el turno a la conocida como ley Volkswagen: el blindaje impuesto por la Administración federal de Alemania y la del Estado de Baja Sajonia para proteger al líder alemán del sector del automóvil. El Tribunal de Justicia de la UE dio ayer la razón a la denuncia interpuesta por la Comisión Europea y sentenció que "la ley Volkswagen restringe la libre circulación de capitales". Es decir, que es tan ilegal como en su día lo fueron las acciones de oro o golden shares que los gobiernos españoles se reservaron tras privatizar empresas como Tabacalera, Argentaria, Endesa, Repsol, Telefónica o Indra.La sentencia no es ninguna sorpresa. El Tribunal comunitario ya había puesto en cuarentena el blindaje de Volkswagen. Los jueces hicieron ayer como casi siempre: seguir el informe previo del abogado general -una figura del derecho comunitario similar a lo que en España pueda ser un juez instructor o ponente-. En este caso, el abogado general había considerado en febrero de este año que la ley Volkswagen era ilegal. Y sin salirse del guión, la sentencia definitiva lo confirmó ayer. David y GoliatA partir de ahora, el emblemático fabricante de coches alemán queda a merced de ser engullido por otras empresas. Y todo apunta a que Goliat es un gigante con los pies de barro a punto de ser adquirido por David: la marca deportiva Porsche, más pequeña pero más dinámica y rentable, tiene las puertas del control y propiedad de Volkswagen abiertas de par en par.Concretamente, la ley Volkswagen ayer declarada ilegal por el Tribunal de la UE daba derecho a las autoridades germanas nacional y regional a nombrar, respectivamente, dos miembros en el Consejo de Vigilancia de la empresa. Vetos y limitación de voto Esta fórmula de blindaje también limitaba a un máximo del 20 por ciento los derechos de voto de los accionistas, aunque poseyeran más del 20 por ciento del capital de la empresa. Y además elevaba al 80 por ciento del capital social representado la mayoría necesaria para adoptar decisiones de la Junta General de Accionistas. Al establecerse el umbral del 80 por ciento para adoptar una decisión, se fijaba de manera automática en el 20 por ciento el umbral a partir del que se podía ejercer el veto para bloquear una decisión. Y curiosamente, el 20 por ciento viene a ser la participación del sector público en el capital de Volkswagen. Es decir, hasta ayer no cabían decisiones estratégicas sin bendición política.Los jueces comunitarios sentenciaron ayer que Alemania no han logrado demostrar que la ley Volkswagen proteja a los accionistas minoritarios, ni que sea apropiada y necesaria para preservar los empleos que genera la empresa. "Por todo ello" concluyen, "el Tribunal de Justicia declara que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de los capitales".