La directiva que prepara la Comisión para incentivar el sector puede frenar las inversionesLas patronales creen que la norma puede acabar con las primas y aumentar el precio de la luzmadrid. El sector de las energías renovables español tiene ante sí un nuevo reto. La Comisión Europea presentará el 5 de diciembre el borrador de la directiva que regulará este tipo de instalaciones y lo que se conoce hasta el momento, por los contactos mantenidos con Bruselas, ha generado un profundo malestar en el sector eólico y fotovoltaico español. El texto, cuyo principal objetivo es conseguir que en el año 2020 el 20 por ciento de la generación de electricidad corresponda a energías limpias, no será tan positivo como parecía cuando el Consejo Europeo le dio su visto bueno la pasada primavera. La directiva pretende que se cree un mercado de certificados de energías renovables que puede dejar en vía muerta el actual sistema de primas que se mantiene en países como España y Alemania y que tan buenos resultados ha cosechado tanto en potencia instalada como en los precios. Por ejemplo, el precio del megavatio verde en Italia se paga a cerca de 180 euros, mientras que en España ronda los 75 euros.Bruselas tiene previsto permitir a los países que no alcancen los objetivos de renovables comprar certificados para poder compensar su retraso, lo que hace prever a las compañías que los incentivos para invertir en estas tecnologías serán mucho menores y que los países reducirán su esfuerzo para cumplir las metas marcadas.Ramón Fiestas, secretario general de la Asociación Empresarial Eólica, asegura a elEconomista que "no nos gusta este sistema porque los objetivos no se cumplen con inversiones domésticas".Los certificados verdes cuentan también con la oposición de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) que considera que esta directiva puede llevar a largo plazo a la eliminación de las primas en España. Esta misma opinión la comparte Fiestas, que indica que "los certificados distorsionan el mercado porque no hay interconexiones" y el sistema se "solapa con los mecanismos de apoyo a las energías renovables que ya hay en España", es decir, los incentivos que cobra el sector para seguir creciendo.Para ambas patronales, estos certificados suponen un incremento de la incertidumbre y un aumento de los costes de la instalación de nuevas centrales que derivará, sin duda, en una ralentización de la inversión en energías limpias y en mayores dificultades para alcanzar los objetivos, ya que estos tendrán precios más elevados.Esta norma, según calculan algunas de las principales patronales del sector, puede suponer un encarecimiento del precio de la electricidad en España y la pérdida de incentivos para que se siga invirtiendo en energías renovables, lo que ha despertado los recelos del sector.A diferencia de la anterior normativa, en esta ocasión los objetivos a conseguir serán obligatorios y Bruselas fijará además tramos intermedios (2012, 2014 y 2016) para forzar también una mayor corresponsabilidad de los estados.España, Alemania y Eslovenia se oponen a la creación de este mecanismo frente a países como Italia y Reino Unido, que los defienden porque ya los tienen en funcionamiento.La patronal de la industria fotovoltaica, que preside Javier Anta, asegura que la regulación en el sector de las energías renovables tiene que aprobarse con vistas al año 2020, manteniendo la seguridad jurídica.En la oposición a este normativa, las patronales europeas están buscando además el apoyo de las principales organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF y EEB.La patronal europea de energías renovables, EREC aseguró que la armonización del sector de las energías renovables es prematura y cada país debe seguir incentivando estas energías como considera adecuado.Oliver Schäfer, director de la patronal, asegura que "hay un serio riesgo de frenar el desarrollo incluso antes de que este comience en algunos estados miembros" y añade que "no hay razones para introducir un mecanismo artifical si esto significa que se desincentivarán las inversiones domésticas".La Comisión ha escuchado los argumentos del sector y en estos momentos reflexiona sobre las medidas finales a proponer. Bruselas considera que los certificados verdes pueden ayudar a cumplir los objetivos en la fecha prevista y forzar a pagar a los países que no los alcancen.La única pega que mantiene el sector es que la carga de inversión debe repartirse entre todos los países ya que en ello también va la competitividad de sus empresas por el acceso a una electricidad más barata.