Un juzgado de Castellón imputa al anterior equipo de Gobierno por presuntos delitos urbanísticosmadrid. Sant Joan del Moro. Es el nombre de una filial de Astroc, hasta ahora desconocida, pero que puede dar serios quebraderos de cabeza a su matriz. Sobre todo, desde que el pasado 8 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Castellón imputara al anterior equipo de Gobierno de Oropesa (Castellón) por conceder licencias presuntamente ilegales a esta sociedad.Los hechos se remontan a los años 2002 y 2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa concedió dos licencias de edificación a Sant Joan del Moro para construir 312 y 298 apartamentos, respectivamente, además de locales y garajes en los terrenos del Camping Torrepaquita, ubicado en la localidad castellonense. Actualmente, ya hay levantados dos edificios.En el auto de incoación, la jueza Raquel Alcacer Mateo expone que la concesión de estas licencias municipales es "incompatible con la edificación de viviendas residenciales, a pesar de lo cual emitió informe favorable el arquitecto Carlos Garrido Siero".Este visto bueno contrasta con los informes jurídicos negativos de la Secretaría y de los técnicos del Ayuntamiento, y de los informes en contra del Colegio de Arquitectos de Valencia y del Jefe del Servicios Territorial de Urbanismo. Además, el concejal del Bloc siempre se opuso a la concesión de estas licencias, e incluso una asociación de vecinos las denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, que no las admitió a trámite por considerar que quedaba fuera de su ámbito de actuación.Para la magistrada Alcacer, "estos hechos aparecen como presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado en el Código Penal con una pena no superior a nueve años". Y, en consecuencia, ha imputado al equipo de Gobierno que aprobó las licencias: el alcalde Francisco Garrido; el teniente alcalde José Manuel Ribes, la concejala María Vicenta Garcés, y el también teniente alcalde Fernando Juárez, para el próximo juicio oral.Dos años después, el 24 de mayo de 2005, según figura en la querella que ha dado lugar a esta imputación, la filial de Astroc solicitó otras dos licencias sobre los mismos terrenos que, sumadas a las anteriores, elevan hasta mil el número de apartamentos que el Ejecutivo estaba dispuesto a conceder.Entonces, el arquitecto municipal elaboró un proyecto de modificación puntual del planeamiento dirigido a recalificar estos terrenos. A pesar de que su propuesta fue respondida con un informe en contra de la Secretaría del Ayuntamiento, Garrido presentó el proyecto el 11 de agosto de 2005 y, dos días después, se convocó un pleno extraordinario de urgencia que el 16 de agosto, con la ausencia de los concejales opuestos a estos planes, aprobó la recalificación proyectada.Cuando sucedieron estos hechos, Enrique Bañuelos, fundador de Astroc, era apoderado de Sant Joan del Moro, sociedad que permanece bajo el paraguas de Astroc al 50%. Desde la inmobiliaria aseguran no tener conocimiento de que esta sociedad hubiera obrado de forma irregular. Pero, en el supuesto de probarse la existencia de irregularidades, colaboraría con la justicia.