La promotora valenciana es socia de la Generalitat en un plan de 12.000 viviendas, la mitad de VPOvalencia/madrid. Junto a proveedores y clientes, la crisis de Llanera toca de lleno, y por varios frentes, a la Administración, que tiene en el grupo inmobiliario un deudor y, en el caso de la Generalitat valenciana, también un socio para el desarrollo de un programa urbanístico de 12.000 viviendas en Catarroja, municipio de 21.000 habitantes en el área metropolitana de Valencia.Aunque las entidades de crédito se llevan la peor parte en la deuda de la promotora, la cuenta pendiente con la Administración ha crecido de forma importante en la sociedad Llanera Urbanismo e Inmobiliaria, una de las seis afectadas por el concurso de acreedores. Su endeudamiento a largo plazo con el sector público ha pasado de 27.408 euros en el ejercicio 2005 a 21,49 millones al cierre del pasado año, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además, la sociedad inmobiliaria de Llanera ha multiplicado por cinco su deuda a corto con las administraciones públicas, hasta los 10,42 millones.La filial constructora de Llanera, también concursada, terminó 2006 con una deuda a largo plazo de 439.575 euros, y sin deber nada a la Administración. En cambio, su endeudamiento a corto ascendía a 105,62 millones, el doble que en 2005. Aquí, el balance refleja deudas de 6,8 millones con los organismos públicos frente a los tres millones del año anterior.Más allá de la deuda, el otro quebradero de cabeza de la Generalitat en relación a la crisis de Llanera es a causa de su impacto en el desarrollo del plan urbanístico Nou Mil.leni con 12.000 viviendas sobre una superficie de 1,7 millones de metros cuadrados. Este programa forma parte de la estrategia puesta en marcha hace tres años por el Gobierno áutonómico con el objetivo de fomentar la VPO junto a la iniciativa privada.Llanera fue la escogida para desarrollar este plan, donde la mitad de las viviendas será de protección oficial. La promotora tiene el 51 por ciento de la sociedad a la que se le adjudicó el plan, y el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), el 49 por ciento restante. Ahora, planean serias duda de que Llanera esté en condiciones de soportar la carga financiera de un programa de estas dimensiones. La Generalitat aseguró ayer que el Ivvsa garantiza la construcción de las 6.000 VPO por su interés general, mientras que el futuro de las viviendas de renta libre queda a expensas de la resolución del proceso concursal. Los derechos de Llanera sobre el plan urbanístico pueden ser uno de los activos importantes del grupo, y podría formar parte de las desinversiones para obtener liquidez dentro del plan de viabilidad con tutela judicial, tras ser admitido a trámite el concurso el pasado martes. El juez tendrá la palabra, ya que tiene facultades soberanas sobre Llanera y acreedores, explicó el experto jurídicp, José María Ferrer.Ahora se abre un plazo de un mes para que los acreedores notifiquen al juzgado las deudas de Llanera. Para dos de ellos, el concurso de la promotora valenciana puede llevarles a la solicitud de su propio concurso voluntario al entrar en posible insolvencia por los impagos de Llanera, extremo que estudia ya Iure Abogados, según informa el propio despacho.