La Ley de Economía Sostenible obliga a Ipic a pedir permiso para entrar en el gasoducto Medgazmadrid. La Ley de Economía Sostenible, publicada este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado, trae importantes sorpresas para el sector energético. La nueva normativa supone que la Comisión Nacional de Energía podrá meter mano en la operación de venta de Cepsa, por parte de la francesa Total, al grupo árabe Ipic. Los inversores de Abu Dhabi aseguraron en la presentación de su oferta de compra, todavía no oficializada, que la operación no necesitaba recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de Energía, en un movimiento que fue considerado como un intento de evitar la posible imposición de condiciones por parte del regulador para evitar que la principal puerta de gas a España estuviera plenamente controlada por empresas extranjeras. La nueva legislación obliga a que las sociedades no comunitarias -véase el caso del grupo árabe Ipic- deban solicitar la autorización de la CNE para adquirir una participación superior a un 20 por ciento del capital social o cualquier otro inferior que conceda influencia significativa en actividades como centrales nucleares o gasoductos internacionales que tengan como destino o tránsito el territorio español (como el caso Medgaz). La nueva norma también afectará a las plantas de regasificación en las que en los últimos años han ido aterrizando inversores no comunitarios. La Ley de Economía Sostenible reduce además de ocho a seis el número de consejeros del organismo regulador y lo desliga de cualquier intervención ministerial, ya que los recursos a sus decisiones tendrán que resolverse en el contencioso administrativo y ya no se podrán presentar recursos de alzada al Ministerio de Industria. Los organismos reguladores tendrán además limitados los mandatos a seis años, no serán renovables -anteriormente tenían dos mandatos- y tendrán que ir cambiándose previsiblemente por mitades cada tres años. De hecho, una de las razones para el cese inmediato será cumplir el tiempo de duración del mandato, a diferencia de la situación actual en la que los reguladores hace casi dos años que deberían haberse cambiado. La Ley de Economía Sostenible también introduce cambios en las obligaciones que recoge el informe anual de gobierno corporativo de las empresas. Por ejemplo, obliga a detallar con mucha más precisión las remuneraciones salariales de los presidentes y miembros del consejo de administración, así como de los planes futuro de pagos. Como novedad, la ley también exige a las cajas de ahorros que elaboren un informe anual detallado sobre las remuneraciones del consejo de administración y de la Comisión de Control El Ministerio de Economía, o en su defecto la CNMV, será el responsable de definir las condiciones que deberá cumplir un consejero para ser calificado como independiente, así como los supuestos en los que no podrá ser considerado como tal. Entre los supuestos que conllevan su exclusión figuran contemplados haber sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo; ser o haber sido socio del auditor externo o responsable del informe de auditoría. En materia ambiental, la nueva ley recoge la constitución de un fondo público, adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, dedicado a la adquisición de créditos de carbono, en especial aquellos derivados de proyectos realizados en el marco del Protocolo de Kioto. Aunque no se detalla, el fondo estará dotado con cerca de 1.000 millones de euros. La ley incorpora una enmienda de CiU y PNV pactada con el resto de grupos del Senado, que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).