Aniacam estudia recurrir la enmienda aprobada ante el Tribunal ConstitucionalMadrid. Los fabricantes e importadores de vehículos han declarado la guerra a los concesionarios a cuenta de la enmienda introducida por el Congreso de los Diputados en la Ley de Economía Sostenible, con los votos contrarios del PSOE. La enmienda, impulsada por el BNG y respaldada por el PP, CiU, PNV y CC, altera de forma notable la relación contractual que regula la distribución comercial de vehículos en España e introduce cambios radicales, tales como la obligación de los fabricantes a recom- prar los vehículos que los concesionarios no consigan comercializar en un plazo de dos meses, en las mismas condiciones acordadas en la primera venta. La disposición aprobada, única de sus características que existe actualmente en Europa, también obliga al fabricante (proveedor) a adquirir al distribuidor todas las mercancías que se hallen en su poder en el momento de extinguirse el contrato. En esta circunstancia, bien sea por vencimiento o extinción del contrato, el fabricante estará obligado a pagar al concesionario las inversiones pendientes de amortización, a indemnizarle por la clientela perdida, así como a asumir el coste del despido de los trabajadores afectados. Aniacam, la asociación de importadores de vehículos presidida por Germán López Madrid, anunció ayer que estudia recurrir el texto de la enmienda ante el Tribunal Constitucional y no descarta utilizar otras vías alternativas de reclamación ante las autoridades comunitarias. López Madrid remitió ayer una carta al vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que advierte que la enmienda llevará "a las marcas a abandonar la suscripción de nuevos contratos de distribución, buscando alternativas para la atención de las zonas en que ello sea necesario, tales como la implantación de filiales o sucursales". En la carta, igualmente enviada a los Ministerios de Justicia y Trabajo, el presidente de Aniacam lamenta "la adopción apresurada" del texto, la falta de valoración de los intereses en juego y el desconocimiento que los grupos impulsores de la enmienda tienen sobre el sector de automoción. En su opinión, el desplazamiento de los costes hacia los fabricantes conllevará un incremento de los gastos de distribución, así como una subida del precio de los vehículos. El PSOE descartó ayer que el Gobierno recurra la norma ante el Tribunal Constitucional, porque supondría llevar ante la Justicia un aspecto determinado de su ley estrella. La decisión parlamentaria afectará de forma especial a los intereses de las plantas instaladas por los fabricantes alemanes y franceses en España (Renault, Mercedes y grupo PSA). El ministro de Industria, Miguel Sebastián, mostró ayer su preocupación al declarar que "ojalá no pase nada" en las fábricas españolas. Durante la sesión de control al Gobierno, el ministro calificó ayer de "irresponsable y demagógica" la actitud del PP y de CiU, y les advirtió que los centros de decisión están fuera de España. "Si yo no entiendo esa enmienda, imagínese un japonés, un alemán o un francés", abundó Sebastián. El presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, se mostró ayer partidario de buscar una solución "negociada y de consenso" y de evitar "una guerra" entre las dos partes en conflicto.