Paraliza su gestión al no lograr cerrar los 'flecos' del preacuerdo con el Gobiernomadrid. Jueves, 20 de septiembre. Calle Alcalá (Madrid). A punto de cerrar la oficina -13:45 horas p.m.- nos adentramos en una sucursal del Popular. Nos identificamos como afectados del escándalo filatélico de Fórum y Afinsa y pedimos que nos tramiten la solicitud del préstamo de 3.000 euros con el que nos ayuda el Gobierno. Nos ponen en contacto con el señor García -una identidad falsa-, "que lleva estas tramitaciones", nos dicen. Las confesiones no tardan en estallar: "Tenemos orden de parar estas solicitudes. Empezamos el 1 de julio, gestionamos 3 o 4, pero el día 15 de ese mes nos las pararon", nos reveló el fajado empleado bancario. Con este trabajo de campo -que se sumaba a las denuncias cursadas a este periódico por algún cliente- el Popular no tardó en confirmar la evidencia a elEconomista: "Las solicitudes están paralizadas porque hay unos flecos del preacuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que todavía no están cerrados", nos explica un portavoz del banco, que no nos desvela el contenido concreto de aquellos 'flecos'. Con la caída del Popular, el Gobierno ha perdido al último gran banco con presencia nacional que le quedaba como aliado en el programa de ayudas públicas -mediante créditos de hasta 3.000 euros-en la presunta estafa filatélica de Fórum y Afinsa. ¿Dónde van a acudir los más de 400.000 afectados repartidos por toda España? ¿Dónde están los casi 5.000 millones de agujero patrimonial? Cuando se van a cumplir cuatro meses desde que se abriera la línea de financiación especial, sólo 17 entidades financieras -2 bancos y 15 cajas- colaboran con el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que asume el riesgo del crédito -por un importe total de 500 millones de euros- hasta que los jueces dicten sentencia. En esta huída en masa de la banca, La Caixa, la primera caja española, es la excepción. En el inicio del programa, se exigían dos certificados -Agencia Tributaria y administradores concursales de Fórum y Afinsa-. Este problema se solventó en las primeras semanas, y desde hace dos meses -o lo que es lo mismo, desde que el ICO tiene el listado de afectados de las empresas filatélicas- ya sólo se exige estar limpio con Hacienda. Sin embargo -como nos intentó hacer comprender el bancario popular- eso generó mucha confusión desde el principio, lo que explicaría, en parte, la escasa acogida. La consecuencia de que la banca dé la espalda a los préstamos oficiales es que apenas 36 víctimas del escándalo se habían beneficiado hasta julio de las ayudas. Un bagage más que pobre, aunque en el ICO confían en que sean muchos más -quedan tres meses para su fin-. Denuncias ante el ICOParte de los afectados ya han anunciado que denunciarán ante el ICO y el Banco de España las trabas a la hora de lograr los créditos. Los perjudicados están siendo víctimas del intento de algunos bancos de sacar tajada en su propio beneficio, según denuncian los consumidores. La principal causa de que la banca haya cerrado sus puertas a este programa tiene que ver "con criterios de negocio", según explicaron desde un banco español a elEconomista. Por cada préstamo que sus oficinas tramitan, la entidad percibe, a cambio, una comisión de gestión del 0,25 por ciento, lo que suma un negocio total de 1,25 millones. Este margen es cinco veces menor al aplicado en otros programas del ICO y por lo que se ve, poco atractivo para bancos y cajas. El Gobierno se vio obligado a conceder una ayuda global de 500 millones, con un tipo de interés del 0 por ciento.Junto a la escasa rentabilidad, hay otros motivos que explican la pobre acogida de la iniciativa entre la banca: "Es una cuestión de imagen. Los banqueros no quieren ver largas colas en sus oficinas", sostiene otra fuente del sector. Pero hay más. La incertidumbre sobre el cobro en un caso que se demorará años en los juzgados y que sólo garantiza recuperar un 25 por ciento de lo invertido, ha acabado por certificar la fuga de la banca española.