E l anuncio de las autoridades económicas españolas de un plan de medidas legales y de actuación para atender a las cajas de ahorros tiene, al menos, un efecto positivo: ya estamos todos de acuerdo en que el sector de las cajas atraviesa serias dificultades financieras. No es poco, porque hasta la fecha, el rumor, cada vez más fuerte, era que estaban mal pero dichas autoridades lo negaban. Salvo que pretenden convencernos ahora de que el plan no es porque estén mal, sino para que estén mejor, que todo podría ser. Se habla de que es un proceso de nacionalización, aunque bajo mi punto de vista se parece más a un proceso de desamortización. Las cajas de ahorros eran hasta hace treinta y tres años un sector sin grandes problemas, que atravesó una crisis, muy pequeña en comparación con la actual, cuya gestión se entregó al poder político local y regional con la Ley de Órganos Rectores (LORCA). Esa entrega desdibujó los derechos de propiedad de las mismas, por lo que los nuevos gestores, sin atribuírselos, ejercieron sus funciones en beneficio de un grupo concreto: el político. Ahora las cajas, como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo y de las decisiones de ese grupo están en una situación límite para su supervivencia. El Estado, pues, se plantea una nacionalización limitada en el tiempo de aquellas cuya inviabilidad ya sea manifiesta en los próximos meses. Posteriormente las entregará, ya con los derechos de propiedad bien definidos, a inversores privados a los que, además, habrá que garantizar de algún modo un valor neto positivo, si queremos que se hagan cargo de las mismas y nos sacudan de esta rémora. Lo dicho: un proceso de treinta y tres años que ha supuesto la desamortización de un bien del común. La solución se plantea ya como inevitable. La semana pasada todavía las autoridades hablaban de permitir a algunas entidades la actuación en sus ámbitos regionales de influencia: justo como estaban antes de la reforma de finales de los setenta. Para este viaje, no hacían falta las alforjas que se han quedado por el camino. En la confabulación entre el poder político y el económico en que se ha convertido la política económica moderna, porque ya saben ustedes que las leyes de mercado sólo operan para aquellos too little to live, éste es un caso especial: es la actuación de un poder político (el central) salvándole la cara a otro (el poder político local y regional), aunque algunos en este último protesten. Durante los años que dure la nacionalización temporal, el Gobierno de turno acumulará un poder económico inmenso. Ahora mismo, el poder económico de las cajas estaba mal gestionado pero bien repartido. Tan bien repartido que le ha sido imposible a las autoridades centrales, incluso en las ocasiones en que han actuado de buena fe y con razón, doblegar la testarudez de algunos para soltar ese poder, aunque sólo fuera para solucionarle la papeleta. La operación se instrumenta ahora como una solución técnica indiscutible: adelantamos y reforzamos, porque para eso somos los más machos, un acuerdo internacional sobre regulación financiera, Basilea III. Basilea III no entra en vigor para el resto del mundo hasta 2013 y sólo exige ese año un 3,5 por ciento de financiación en forma de capital más reservas o core capital. En su desarrollo pleno, a partir de 2019, no exige más que un 7 por ciento por este concepto. Estableciéndolo en un 8 por ciento en unos pocos meses, dejamos fuera de la ley a muchas cajas de ahorros que presentan, o podrían presentar, una situación razonable de solvencia, a pesar de las pérdidas que tuvieran todavía que reconocer o los problemas de liquidez que pudieran afrontar en el inmediato futuro. De paso, dejamos fuera de la ley a muchos bancos, para que la norma parezca más una norma general que una norma particular, que es lo que es. La norma se aprueba poco antes de que se publiquen los resultados del último ejercicio de la mayoría de las entidades afectadas, todas en el caso de las cajas de ahorros, con el fin de que el borrón sea completo, y no parcial como hasta ahora, y quede disimulado con la cuenta nueva que se hará en unos pocos meses. Todo este bagaje técnico se adereza con el mantra del tamaño mínimo, cuando en otros territorios cercanos a nosotros (y en España bajo otra forma social, pero mejor no dar pistas) operan cientos de pequeñas instituciones, como las que ahora desaparecerán en nuestro país sin problema alguno. Mientras tanto, los mismos que se cargan las cajas de ahorros (un invento de los franciscanos) apoyan las denominadas iniciativas de inclusión social, que les parecen imprescindibles para que determinados segmentos de la población no queden fuera del acceso al crédito. A esas iniciativas las llaman: microcréditos. Cuando estas iniciativas privadas de la sociedad, por no utilizar el adjetivo social que todo lo enturbia, sean suficientemente grandes, volverán a protegerlas de sus fundadores con la excusa del beneficio público. Cuando estén esquilmadas de nuevo, la racionalidad económica como excusa de la impericia y la falsedad las hará desaparecer otra vez.