La entidad lanza un plan de buenas prácticas y solicita ahora al Gobierno que audite todos los años sus cuentasMADRID. El presidente de la SGAE, Teddy Bautista, se ha marcado un reto antes de su jubilación, prevista para el próximo mes de junio: limpiar la imagen de la entidad e intentar que deje de ser uno de los organismos peor valorado por los ciudadanos. Para ello, según anunció ayer en el Foro Nueva Cultura, ha puesto en marcha el Plan 111@360. "Redoblaremos los esfuerzos para explicar nuestra labor y dar respuesta a las peticiones y críticas de usuarios, socios, instituciones, medios de comunicación y ciudadanos, entornos con los que queremos restablecer la confianza y la cercanía", aseguró. Bautista anunció así un decálogo de buenas prácticas, que contempla, fundamentalmente, la creación de la figura del defensor del cliente "para que los usuarios del repertorio que hayan contratado con nuestra sociedad tengan un mecanismo aún más directo para cualquier queja, reclamación, inquietud o propuesta"; el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas y la petición al Gobierno de que audite de forma anual sus cuentas. Esta labor recaería en la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) y se añadiría, según Bautista, a la que ya realizan cada año auditores independientes. La SGAE pretende asimismo reforzar su política de comunicación para "concienciar y educar al consumidor de Internet" y al ciudadano en general sobre sus actividades, intensificará las actuaciones para que sus socios puedan distribuir sus creaciones online y promocionará a los autores. Todo ello al margen de proponer al Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel como intermediarios en la regulación de conflictos. Además, propondrá al resto de sociedades de gestión crear "una entidad única que aligere los trámites (...) para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la sentencia del año pasado", apuntó Bautista, en referencia al dictamen del Tribunal de Luxemburgo, que exime de pagar el canon digital a empresas y administraciones.s Más información relacionada con este tema en www.eleconomista.es