Tres meses después, sólo 3 bancos y 12 cajas se adhieren al generarles un mínimo margen del 0,25%madrid. Las ayudas del Gobierno en forma de anticipos de 3.000 euros en la presunta estafa filatélica de Fórum y Afinsa no convencen a nadie. Ni a los afectados -sólo 36 se beneficiaban de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a finales de julio- ni a las entidades financieras -que supuestamente iban a abrir sus oficinas para tramitar la gestión-. Pero la realidad es muy distinta. Sólo 15 entidades de crédito -3 bancos y 12 cajas- se han adherido, de momento, a la línea abierta por el Ejecutivo, a los tres meses de iniciarse el plazo. Banco Popular se erige como la excepción que confirma la regla entre los grandes bancos españoles. Y en las cajas, sólo una cuarta parte ha tendido su mano al Gobierno, pero se echa de menos a las líderes del sector (excepto La Caixa) en un escándalo que afecta a 400.000 familias. La principal causa de que la banca haya cerrado sus puertas a este programa tiene que ver "con criterios de negocio", según explican desde un banco español a elEconomista. Por cada préstamo que sus oficinas tramitan, la entidad percibe, a cambio, una comisión de gestión del 0,25 por ciento, lo que suma un negocio total de 1,25 millones. Este margen es cinco veces menor al aplicado en otros programas del ICO y por lo que se ve, poco atractivo para bancos y cajas.El Gobierno se vio obligado a conceder una ayuda global de 500 millones, de hasta el 15 por ciento de lo invertido, con un límite de 3.000 euros por persona, con un tipo de interés del 0 por ciento. El plazo de solicitudes comenzó en junio y finaliza el 31 de diciembre.Junto a la escasa rentabilidad, hay otros motivos que explican la pobre acogida de la iniciativa estatal entre la banca: "Es una cuestión de imagen. Los banqueros no quieren ver largas colas en sus oficinas", sostiene otra fuente del sector. Incertidumbres con el cobroPero hay más. La incertidumbre sobre el cobro en un caso que se va a demorar más de cinco años en los juzgados y que sólo garantiza recuperar un 25 por ciento de lo invertido, ha acabado por certificar la huída de la banca. Y la consecuencia la pagan los perjudicados, que tienen difícil acceder a los créditos. Si bien el ICO señala que los 36 beneficiarios son ahora "muchos más" -hoy o mañana publicará la actualización-, también admite que "en agosto hay poco movimiento".Mientras, los que acuden a las entidades, lo hacen no sin problemas. Los consumidores denuncian que algunas entidades están intentando sacar tajada en su propio beneficio, y las trabas que supone pedir más requisitos de los necesarios. Denuncias de trabas y abusosEl vicepresidente de Adicae, Fernando Herrero, ha desgranado a elEconomista casos de consumidores a los que los bancos les obligaban a abrir cuentas con comisiones de 36 euros. Y eso que el ICO anunció que no habría gastos extras. Tampoco falta el ejemplo de una persona mayor a la que una caja le obligaba a contratar un seguro de vida de 900 euros para recuperar una inversión de 1.200 euros. Y eso que el banco no asume el riesgo ya que el prestatario es el Estado.Los consumidores están molestos con la espantada de los bancos -que se han borrado o que estando, ni siquiera informan en sus webs- y con las cajas, por su cariz social.