Y podrían sumar otras por valor de 424 millones que son susceptibles de anularse madrid. Las entidades financieras tienen que estar que trinan con la decisión que ha adoptado el juez del concurso de Nozar de adelantar la fecha de declaración del concurso necesario de la inmobiliaria a noviembre de 2008. Pero hay otro sector que como consecuencia de esa decisión tiene que estar que trina. Se trata, principalmente de entidades financieras que, según el informe concursal que ayer presentó el juez en sede judicial, son de las más afectadas en las operaciones que piden rescindir. En total solicitan la anulación de operaciones por valor de un total de 409,2 millones de euros. Pero eso no quiere decir que esa cantidad vaya a pasar a engrosar la tesorería de la inmobiliaria en todos los casos. Según fuentes judiciales contactadas, la suma que podrían recibir los Nozaleda en metálico podría rondar los 230 millones de euros. Unos 100 millones de las entidades financieras y otros 130 millones por dos contratos que fueron anulados con Reyal Urbis y Colonial. La mayoría de las operaciones se han anulado por "el pago de créditos ordinarios en fechas posteriores a la declaración del concurso". De hecho, muchas de esas cantidades pasarán a ser créditos ordinarios que, posteriormente, las entidades financieras y empresas afectadas tendrán que solicitar. Y esto se debe a que, tal y como apuntaron ya los antiguos administradores concursales, Nozar había actuado de manera desigual en el pago de las deudas vendiendo inmuebles de manera "desesperada". Y es eso precisamente lo que las anulaciones pretenden reparar. Otro de los motivos esgrimido por la administración concursal es el hecho de que Nozar constituyese una garantía a favor de un tercero sin que mediase ningún tipo de contraprestación a favor de ella. Por último, otro de los fallos que ha detectado la administración concursal en el estudio pormenorizado de todas las operaciones realizadas por la inmobiliaria es el hecho de "constituir una garantía sobre obligaciones preexistentes que no se encontraban garantizadas". En total se han anulado operaciones de trece entidades financieras. La más afectada es el Banco Popular con operaciones rescindidas por una cantidad que supera los 62 millones (ver gráfico). Pero a la cifra de 409,2 millones se podría sumar operaciones por valor de 424 millones que los administradores concursales han clasificado como "susceptibles de ser anuladas" (ver gráfico). Evidentemente ahora todos los afectados por las rescisiones tienen un periodo para oponerse a las decisiones transmitidas al juez por los administradores concursales. La viabilidad de la compañía está condicionada a una reducción al máximo de la fase común del concurso (la que se inicia ahora) y al interés de los acreedores en alcanzar rápidamente un convenio, por eso, los administradores piden evitar impugnaciones de créditos que no sean realmente necesarios. Y advierten, además, que el convenio contemplará una quita muy significativa, cercana al máximo legal del 50 por ciento, y calculan con un periodo de pago superior a los cinco años, "por las particularidades del sector" aseguran.