Moncloa tiene garantizado el apoyo parlamentario, mientras el PP reclama un informe preceptivo del Consejo de Estadomadrid. España estará en estado de alarma hasta el próximo 15 de enero para evitar que los controladores vuelvan a provocar el caos aéreo en las fiestas navideñas. Finalmente, el Gobierno convocó ayer un Consejo de Ministros extraordinario para dar el visto bueno definitivo a una ampliación de este periodo excepcional cuya solicitud tendrá que realizar al Congreso de los Diputados, pero cuyo apoyo tiene ya garantizado. El Gobierno argumentó en boca de su vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que los motivos para prorrogar esta situación excepcional son los mismos que se esgrimieron para lanzar el decreto del Consejo de Ministros de hace dos viernes. "Queremos que todo sea igual que antes del día 3 de diciembre", señaló. Lo que no dejó tan claro el número dos del Ejecutivo es la razón por la que se extiende hasta el día 15 la prórroga, ya que se supone que las vacaciones de Navidad estarían totalmente finiquitadas para el próximo 10 de enero. "Vamos a darnos un tiempo", insistió Rubalcaba para descartar que la prórroga responde a una cuestión preventiva. En el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró en el Congreso de los Diputados, estuvieron presentes todos los miembros del gabinete a excepción de la titular de Defensa, Carme Chacón, el de Industria, Miguel Sebastián, y Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que se encontraban de viaje oficial. En contra de los rumores que apuntaban a diferentes criterios de los miembros del Ejecutivo, Rubalcaba quiso dejar claro que no ha habido "ninguna discrepancia" durante la reunión celebrada en la tarde de ayer ni en los días previos. El ministro de Fomento, José Blanco, sí manifestó, tras su comparecencia en Comisión por la mañana, que él era partidario y defensor de esta ampliación del periodo excepcional, decretado por primera vez en democracia. El PP cuestiona las formas El PP no tardó en cuestionar la decisión de Moncloa, a través de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. Criticó que el Gobierno anunciara la petición de ampliación de este estado de alarma sin haber pedido previamente un informe preceptivo al Consejo de Estado para justificar los motivos de la petición de la prórroga. El vicepresidente primero contestaba diciendo que en este caso de ampliación no hace falta reclamar esta auditoría. En este sentido, Rubalcaba negó que el Gobierno se haya dejado influir por las consecuencias económicas que tuvo el plante de los controladores el pasado 3 de diciembre. Aseguró que Moncloa no ha solicitado ningún informe económico para valorar el impacto de la nueva situación de crisis aérea antes de decidir la petición de prórroga al Congreso. En cuanto a las formas, el Ejecutivo tiene previsto acordar con la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso que el texto llegue mañana jueves a la Cámara para su debate y votación en un pleno extraordinario, una vez concluya el pleno ordinario. El encargado de defender la prórroga en el hemiciclo y de pedir el respaldo a los grupos no será el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Moncloa argumenta que es por cuestiones de agenda, ya que mañana y pasado asiste en Bruselas al Consejo Europeo. Tampoco será el ministro de Fomento, José Blanco. El representante será el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui. Respaldo de CiU, PNV y CC ¿Y los apoyos? El Gobierno ha dado el paso adelante para pedir la prórroga, sabedor de que cuenta con una mayoría absoluta de la Cámara, pese a que sólo necesita una mayoría relativa. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ya dio su apoyo al Ejecutivo si planteaba una ampliación el pasado jueves cuando Zapatero compareció en el Congreso. Ayer confirmó su: "Haga lo que tenga que hacer". Lo hizo asegurando que respaldará la prórroga "sin ningún tipo de complejo" para que los ciudadanos puedan viajar en el periodo vacacional. Sin embargo, el mensaje de Duran vino, esta vez, acompañado de una clara advertencia a futuro: CiU no apoyará más ampliaciones del estado de alarma porque el Gobierno no puede entenderlo como "permanente". En este sentido, reclamó que se busquen "soluciones normales y no excepcionales" e instó a Ejecutivo y controladores a que dialoguen. Coalición Canaria confirmó también el guante blanco que ha dado a Moncloa para evitar problemas de tráfico aéreo en las islas con las repercusiones económicas que podría conllevar; mientras que el PNV dio su respaldo, pero con la boca pequeña. El portavoz de los nacionalistas vascos, Josu Erkoreka, lo secundó siempre y cuando fuera limitado en el tiempo con el argumento de asegurar "la normalidad" en los aeropuertos. El Partido Popular utilizó ayer la que viene siendo su estrategia habitual: no adelantar el sentido de su voto hasta el último momento. De forma oficial, Sáenz de Santamaría cuestionó las formas del Gobierno en la decisión de la prórroga y haber mantenido al margen al principal partido de la oposición. Insistió en no haber recibido ninguna llamada de Moncloa. Sin embargo, fuentes parlamentarias confirmaron que la intención del PP es mantener una postura crítica con el Gobierno para, mañana en la votación, optar por la abstención. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, reto a los populares a elegir entre dos opciones: ponerse del lado del Gobierno y de los ciudadanos o situarse del lado de los controladores. Blanco saca pecho Durante buena parte de su larga comparecencia ante la Comisión de Fomento (una maratoniana reunión que se acercó a las 5 horas) Blanco se obsesionó por justificar que el caos aéreo que originaron los controladores los pasados 3 y 4 de diciembre no se debió a la dejadez del Gobierno, ni al error estratégico por aprobar el decreto ley un viernes en víspera de Puente. Sólo por poner un ejemplo, el ministro de Fomento aseguró que la media de pasajeros de los viernes y sábados de los últimos dos años, es de 1.036.922, un 2 por ciento más que los viajeros registrados el viernes y el sábado del Puente de la Constitución, lo que significa que, según esa lógica, "no habría ningún viernes bueno para sacar el decreto ley". Como argumento en contra de la precipitación de la decisión, Blanco explica que "el Gobierno actuó desde el primer momento" frente a la conducta ordenada y planificada de inasistencia al trabajo que planteó el Usca, el sindicato que agrupa a la mayoría de los controladores aéreos de España. Así, el miércoles 1 de diciembre (dos días antes del caos), y atendiendo una solicitud del propio sindicato, se reunieron con el Secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas. Al ver que estaba el presidente de Aena, Juan Lema, en el encuentro, se retiraron y la reunión no se produjo.