El ex presidente de Metrovacesa negoció la compra de acciones con Portillo, pero lo comunicó seis días despuésMADRID. Uso de información privilegiada. Ése es el delito por el que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido presentar una querella ante el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid contra el ex presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, que gracias a esa información obtuvo un presunto beneficio "ilícito" de 2,8 millones. Los hechos se remontan a diciembre de 2005 cuando Román Sanahuja accionista de referencia de la inmobiliaria, en aquellas fechas, inició conversaciones con Luis Portillo para comprar su paquete de acciones a nombre de su sociedad patrimonial Expo-An. Joaquín Rivero fue informado de la transacción y decidió entrar también en la operación. La venta se pactó a un precio de 57,5 euros por acción, notablemente superior al de cotización en ese periodo, establecido en torno a los 51,5 euros. El hecho se comunicó a la CNMV seis días después y las acciones se revalorizaron un 9,36 por ciento hasta los 56,1 euros por acción. La operación se comunicó al regulador bursátil el 30 de diciembre y justo el día antes, Rivero aprovechó para realizar cuatro operaciones más. Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera a diferentes entidades financieras mediante operaciones de bloques y a unos precios similares a los que en esa fecha se estaban negociando en el mercado. Dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades Quimafa y Eusko Levantear Erainkuntzak II al precio anteriormente convenido, más una comisión, en todos los casos muy por debajo del precio de mercado, que ascendió tras la divulgación de la información privilegiada. Joaquín Rivero era, en esas fechas, el beneficiario económico último de esas sociedades que se lucraron porque el precio de los títulos quedó fijado en valores de mercado, pero se aplazó su pago unas semanas. De esta forma se beneficia de la diferencia de precio, al pagar por las acciones menos de su valor y ocultar o, al menos dificultar, el seguimiento de la operación, que aparece perfeccionada cuando la información ya ha sido divulgada.El beneficio "ilícito" obtenido por las sociedades de Rivero asciende a 2,8 millones, según la querella. Por ello, acusan a Rivero de uso de información privilegiada ya que su beneficio "ilícito" lo obtuvo gracias al conocimiento de unos datos que eran relevantes, concretos y no públicos. Blanqueo La querella parte de la investigación previa de la CNMV que descubrió operaciones consistentes en movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que "resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales" asegura el fiscal Alejandro Luzón.