El sector eólico está a la espera de la normativa que regulará su futuro. La nueva regulación encadenará tres leyes distintas en cuatro años. Esta inestabilidad, nefasta para las inversiones, podría haberse evitado haciendo más partícipe al sector en el proceso de creación de las leyes. El RDL 6/2009 introdujo una reforma sustancial en el régimen especial, creando el registro de pre-asignación. Este texto, condicionado por las prisas del regulador, creó inseguridad jurídica, efecto llamada y favoreció la especulación, primando los 'papeles' por encima de los proyectos reales. Precisamente los males que se deseaban evitar. La bajada de demanda, el exceso de potencia -principalmente gas- y el desarrollo de las renovables, constituyen un panorama de difícil manejo para el regulador. En este escenario, es necesario controlar la potencia que se instala, pero la transición ha sido nefasta. Esperemos que, superada esta etapa, el registro cumpla una función positiva de ordenación de la nueva potencia. Otro grave problema ha sido la campaña de desprestigio contra las renovables, con mensajes que a veces han venido del propio Ministerio de Industria, acusándolas de un crecimiento desmedido y de causar el déficit de tarifa. Sin embargo, la eólica no se alejará de sus objetivos para 2010 (20.155 MW) y el déficit de tarifa, que se resolverá cuando se fijen las tarifas según los costes del sistema, era un grave problema anterior a las renovables. El sector eólico sufrió una amenaza de retroactividad sobre la retribución de las plantas en funcionamiento. Para evitar estas medidas, se pactó con el Ministerio la adopción de ajustes temporales y extraordinarios, entendiendo que esto acabaría con la inestabilidad. Las medidas no se han llevado a cabo y la incertidumbre ahoga el desarrollo del sector. Exigimos a Industria que aplique los acuerdos, no por gusto, pues suponen una pérdida de nuestros derechos, sino porque su inacción paraliza un sector que era referente a nivel mundial y hoy pierde empleos cada día que pasa.