El juez da 10 días de plazo para que indemnice a Gabaldónvalladolid. Diez días tiene de plazo la empresa Gullón para pagar 10,1 millones (8,9 por despido improcedente y 1.4 por intereses de demora) a su ex director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón. El juez de lo Social número 2 resuelve así la falta de acuerdo entre la galletera, que pedía la reincorporación, y el directivo, que optaba por el dinero. El pago de la indemnización se comerá los beneficios de todo un año. El fallo supone un serio correctivo para los hermanos Gullón, actuales gestores de la empresa, ya que el directivo se apresuró a ofrecer a reincorporarse cuando ganó por primera vez la demanda, pero la compañía decidió recurrirla. Cuando en agosto, con la sentencia confirmada, intentaron la vuelta de Gabaldón para no tener que hacer frente a la indemnización, pero éste se negó al comprobar que en ese tiempo la compañía habían ampliado las querellas criminales contra él. Como en las dos ocasiones anteriores, la Justicia asume los planteamientos del ex director general y no sólo condena a la galletera sino que la obliga a pagarle 1,43 millones de euros en concepto de intereses de demora, cantidad que se suma a los 8,2 millones de euros de indemnización y los 709.000 euros de salarios de tramitación que se fijaron en la sentencia de primera instancia, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior. Contra el auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda recurrir la ejecución del aval depositado en los juzgados. En el fallo, el magistrado señala que para la readmisión del directivo es necesaria la confianza entre las dos partes y en este caso no sólo no la hay sino que "es imposible tenerla cuando una de ellas mantiene frente a la otra una querella por apropiación indebida y estafa". En este sentido, asegura que "no parece que la conducta de la empresa sea acorde a las exigencias de la buena fe que debe presidir esta relación laboral de carácter especial, basada en la mutua confianza. Difícilmente se puede confiar en un director general cuando se mantiene contra él una querella por administración desleal".