Industria dice que ha cumplido con su parte del acuerdo al haber congelado los peajes del recibo......Pero el Ejecutivo aplica un alza repentina cuando la subasta eléctrica cerró a menor precio madrid. La actuación del Gobierno a la hora de aplicar la subida de la luz ha vuelto a ser objeto de polémica. En esta ocasión, el Ministerio de Industria anunció una subida repentina del 4,8 por ciento de media que se aplicará a partir del 1 de octubre, cuando en función de la subasta celebrada el día anterior, los precios de la energía fijaban un alza del 2,5 por ciento. El resultado es que la luz se encarecerá finalmente en 1,7 euros mensuales para un consumidor de tipo medio. De este modo, durante este año el recibo de la luz se habrá incrementado un 7,44 por ciento, más el incremento por la subida del IVA el pasado mes de julio. Pero en esta ocasión, los resultados tanto de la subasta como de la subida definitiva del recibo no han estado exentos de cierta sospecha. Para empezar, el Operador del Mercado Mayorista (Omel), encargado de realizar las denominadas subastas virtuales para tener señales sobre el precio de la energía, tardó 19 horas en dar a conocer los datos, algo que no había ocurrido en las más de una decena de subastas precedentes. Por su parte, el Ministerio de Industria dejó hasta última hora de la jornada de ayer el anuncio definitivo de la subida. La explicación desde la cartera que dirige Miguel Sebastián es que la subida recoge la actual situación del mercado para cubrir los costes de la energía. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y desde la Federación de Consumidores y Usuarios (Facua) calificaron de "artimañas" las actuaciones de Industria a la hora de fijar el recibo de la luz. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las eléctricas lleven meses presionando para que la luz se incremente en una media de un 5 por ciento. Y parece que el Gobierno en esta ocasión ha querido escuchar a un sector que está muy penalizado por la política tarifaria del Gobierno y que incluso ha llegado a amenazar con desviar las inversiones de España hacia otros países. Fuentes del sector consideran que en esta ocasión el Gobierno se ha visto obligado a forzar una subida del recibo eléctrico de cara ala próxima colocación del déficit de tarifa, en un momento donde Industria y la Dirección del Tesora han comenzado los diferentes road shows por las plazas europeas, asiáticas y estadounidenses. Y es que el déficit de tarifa -cantidad que se debe a las eléctricas por no subir la luz en línea con los costes- es consecuencia de retirar continuamente las subidas tarifarias necesarias cuando suben los costes del sistema. Por tanto, en un momento donde se prevé colocar en el mercado financiero hasta 25.000 millones en concepto de deuda eléctrica es necesario dar señales a los inversores de compromiso para solucionar un problema que está previsto que se pague durante los próximos años. Las consecuencias Con todo, el Gobierno ha movido ficha pero a costa de que su compañero en el tablero se haya levantado sin terminar la partida. Se trata del Partido Popular, quien a finales de junio impuso la congelación de la luz para comenzar a negociar la reforma del sistema eléctrico en el marco de un Pacto para la Energía. Ahora, el principal partido de la oposición niega que haya un pacto y se aferra a la idea de rechazar subidas masivas de luz. Por su parte, fuentes de Industria justifican que el Gobierno ha cumplido con su parte de no tocar la parte regulada del recibo -el 60 por ciento del total ya que en teoría el 40 por ciento lo fija la subasta-. Y es que el otro gran componente del recibo de la luz, los llamados peajes, mediante los que se retribuyen los costes regulados (uso de redes, primas de las energías renovables y otros conceptos), permanecerán congelados, según el borrador de orden ministerial que el Gobierno remitió a la Comisión Nacional de Energía. En estos momentos existen dos modalidades: la TUR con discriminación horaria y la TUR sin discriminación horaria. En ambos casos se componen de dos elementos, los peajes, mediante los que se retribuyen costes regulados y que son fijados por el Gobierno, y el coste de la energía, que refleja la evolución del precio de la electricidad en el mercado y obedece a los precios de las materias primas utilizadas para generar electricidad. La parte de energía se determina mediante subastas competitivas trimestrales entre las empresas comercializadoras de último recurso. El coste de la energía se ha visto afectado por la evolución al alza del coste de los combustibles fósiles utilizados para generar electricidad y por el efecto estacional de los meses de invierno, en los que el consumo de los hogares se dispara en las horas del día en las que el precio de la electricidad es más caro. La TUR con discriminación horaria subirá el 3 por ciento, mientras que la TUR sin discriminación horaria se incrementará el 5 por ciento. En España hay 27 millones de hogares con menos de 10 KW de potencia contratada, límite por debajo del cual se aplica la TUR. De estos, 5 millones tienen derecho al Bono Social, lo que implica la congelación de su tarifa desde el momento en que lo soliciten. Otros 4 millones han optado ya por adquirir la energía en el mercado libre. En un ambiente marcado por la helga general del próximo 29 de septiembre esta subida no ha sentado nada bien a los consumidores. De hecho, la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) pidió al Ministerio que no aplique una subida de la Tarifa de Último Recurso de la luz en octubre ante "la situación de las familias y el contexto económico".