Manuel Lamelas dice que "nadie nos dijo que el dinero era sólo para los mineros"madrid. A Miguel Sebastián se le ha acabado la paciencia con las empresas mineras Viloria y Alonso por el impago de las nóminas a sus 2.600 trabajadores. El Ministerio de Industria ha solicitado a los dos grupos que justifiquen el destino de los 367 millones de euros -141.000 euros por cada minero- en ayudas públicas que han recibido desde julio del pasado año. Después de varios avisos para que paguen, el ministro ha decidido pasar a la acción y ha advertido que si las explicaciones no convencen, el Ministerio abrirá un expediente de devolución de ese dinero "sin descartar otro tipo de acciones". El órdago de Sebastián se produjo tras la reunión que mantuvo con los sindicatos hasta bien entrada la madrugada del pasado miércoles. El expediente anunciado por el ministro no satisfizo a los representantes de los trabajadores, que exigen el pago inmediato de las dos nóminas pendientes y garantías y fechas concretas para la aprobación por parte de la UE del decreto sobre los incentivos al carbón. De hecho, los sindicatos han convocado una a huelga en las comarcas mineras para los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Seis sindicalistas han iniciado además un encierro en las dependencias ministeriales. "Para gastos corrientes" La contundencia del ministro tampoco ha amilanado a los dos empresarios que están en la picota. El presidente del Grupo Viloria, Manuel Lamelas, indicó ayer que "nadie" les dijo a las empresas del sector que las ayudas y subvenciones que han recibido en los últimos años fueran "sólo para los trabajadores", pues las han utilizado para los gastos corrientes de la empresa. En declaraciones a Efe, Lamelas afirmó que, si las ayudas no hubieran servido para sufragar estos gastos, no hubieran podido continuar con la actividad en las minas, pues son entes "vivos" que necesitan de un mantenimiento continuo para que los mineros puedan desarrollar su actividad en buenas condiciones. El presidente del Grupo Viloria manifestó, por ello, que las empresas no han incumplido con el Gobierno, sino que ha sido éste el que les ha fallado al no haber cumplido durante los últimos seis meses el contrato firmado para comprar la producción nacional de carbón. El empresario confesó, en este sentido, no tener miedo a presentar las cuentas de los últimos años, en las que se incluye el destino de las subvenciones públicas, pues son empresas "auditadas" que "siempre" se han movido en una "línea legal".