El sector prevé que el impuesto sobre los pasivos se lleve 1.400 millones de euros de sus cuentasLas entidades muestran su malestar por el bandazo del Gobierno para sanear el Presupuestomadrid. La intención del Gobierno de aplicar en España una tasa a las entidades para arreglar las cuentas del Estado supondrá un duro golpe para los beneficios de las entidades. Aunque todavía no hay una decisión tomada y todo dependerá de los acuerdos que se tomen en el seno de la UE, el sector se teme que finalmente el Ejecutivo le impondrá un impuesto especial sobre el volumen de sus pasivos. La Comisión Europea, en un informe, cifra entre 500 millones y 1.900 millones la recaudación de nuestro país por la aplicación de esta medida. Fuentes bancarias indican que la previsión más razonable es que la cantidad se fije en la parte medio-alta del baremo y se sitúe en torno a los 1.400 millones. De esta manera, la tasa se comería el 7 por ciento de sus ganancias. El ejercicio pasado los bancos y las cajas de ahorros obtuvieron un beneficio conjunto de 18.720 millones. Pero no todas se verán afectadas de igual forma al tratarse de una norma discriminatoria y el esfuerzo para cubrir la carga será mayor para las entidades de menor tamaño, en función de su cuota de mercado. Esfuerzo muy dispar Así por ejemplo, si se extrapolan los datos, al Santander le corresponderían unos 200 millones del total que recaudaría el Estado de acuerdo a que controla el 15 por ciento del sector, lo que supone un 2,6 por ciento de su beneficio de 2008. El Pastor, el más pequeño de los bancos cotizados, la medida podría recortarle unos 11 millones de euros, el 11 por ciento de sus ganancias anuales. A esta factura, las entidades tendrían que seguir abonando su cuota al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el instrumento privado puesto en marcha hace décadas para asegurar los ahorros de los ciudadanos en caso de quiebra de alguno de los asociados. Cabe recordar que una buena parte del pasivo está compuesto por los depósitos. Las cajas este año han aportado 300 millones a esta hucha, después de haber duplicado la cuota como consecuencia de la intervención de CCM. La oposición del sector La existencia de los FGD es una de las razones que esgrime el sector español para mostrar su rechazo a la aplicación de la tasa. En los últimos meses han presionado para que el Ejecutivo defendiera su postura, máxime cuando no han requerido de abultadas ayudas públicas en comparación con otros sistemas europeos. El bandazo del Gobierno, puesto en evidencia esta semana, ha sorprendido a las entidades del país. Según las fuentes consultadas por este periódico en distintos bancos y cajas de ahorros, el cabreo es mayúsculo. Explican que sí esperaban un impuesto de este tipo en Reino Unido, Francia y Alemania, pero que, a pesar de que se aprobara por la Unión Europea, el Ejecutivo español permanecería al margen. La decisión que tome Bruselas no será de obligado cumplimiento, a priori, y dejará margen de actuación a cada Estado miembro para tomar las medidas que considere oportunas. Algunos bancos consideran que de aplicarse la tasa debería afectar sólo a aquellas entidades que han reclamado ayudas, es decir, la mayor parte de las cajas de ahorros. No obstante, precisan que el modelo de rescate en nuestro país es distinto. Hay que resaltar que el fondo de reestructuración bancario público está nutrido con dinero de los FGD. De los 16.000 millones de euros del coste previsto del saneamiento financiero, 7.500 millones procederán de la hucha del propio sector. Las entidades, además, se muestran contrarias a un nuevo impuesto por otros motivos. La patronal bancaria AEB considera "contradictorio" conceder por un lado ayudas públicas y por otro detraerles recursos a través de una nueva tasa que, además, "dificultaría los procesos de reestructuración que han emprendido". Además, advierte que un castigo con gravámenes adicionales supone "penalizar el ahorro de los depositantes y el crédito de los inversores", por lo que al final pagarían la receta los clientes. El nuevo impuesto se uniría al coste que tendrá que realizar en los próximos meses las entidades españolas con motivo de la entrada en vigor del endurecimiento de las provisiones contra morosidad y activos inmobiliarios. Según el Banco de España, el cambio normativo supondrá un 10 por ciento de los beneficios este año. Y a esto habría que añadir la reducción de las ganancias por la ralentización del negocio por la crisis.