Desplegará su tecnología en seis comunidades para registrar los procesos en 600 juzgados MADRID. No es el Gran Hermano de George Orwell porque su objetivo es bien distinto, pero Fujitsu Technology Solutions va a ocupar a partir de ahora un lugar destacado dentro de la Administración de Justicia española. La multinacional japonesa se ha llevado el gato al agua en el concurso adjudicado el 11 de agosto por la Dirección General de Red.es, para adecuar los sistemas de grabación de vistas (SGV) judiciales a las exigencias de la Ley de Nueva Oficina Judicial, que entró en vigor en mayo pasado. El contrato, por el que también pujaban Vitelsa, IECISA (El Corte Inglés) y Telefónica, asciende a cerca de 7,6 millones de euros y tiene una duración de cuatro años. Su principal objetivo consiste en unificar tecnológicamente las salas que ya operan con soluciones y patrones aportados por distintos proveedores, aspecto que dificulta la gestión y consulta del proceso de grabación de las vistas por parte del Ministerio de Justicia. En esta situación se encuentran cerca de 600 salas de seis comunidades autónomas que todavía no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia: Castilla-León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, así como los órganos centrales en Madrid (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional). Fujitsu instalará una solución tecnológica propia denominada Arconte, que desde hace tiempo funciona en 2.000 salas (el 70 por ciento del total ) de las autonomías que ya han asumido transferencias en materia judicial. La experiencia ya acumulada en la Administración de Justicia junto al precio ofertado han sido dos de las bazas que han jugado a favor de la firma nipona, que se encargará de desarrollar el cambio de aplicación, la migración, la formación del personal, la gestión del cambio, así como el servicio de soporte y asistencia técnica durante cuatro años. Las grabaciones audiovisuales en las salas correrán a cargo del auxiliar judicial, liberando de esta tarea al secretario del juzgado, tal y como establece la Ley de Nueva Oficina Judicial. Una vez concluida la grabación, el vídeo recibirá la firma electrónica del secretario judicial, sirviendo como acta del juicio celebrado a efectos legales.