El colectivo intenta trasladar al ministro José Blanco la responsabilidad del paro madrid. El pulso entre Fomento y los controladores se mantiene en tablas. Mientras que el colectivo encargado de vigilar el espacio aéreo intentaba ayer trasladar la responsabilidad de una eventual huelga en el sector al ministro de Fomento, José Blanco, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) respondía al órdago reiterando que la oferta garantiza las condiciones laborales del colectivo. El ente público precisó que su oferta consta de cinco puntos, entre los que destaca la garantía salarial de una retribución media de 200.000 euros anuales, a cambio reducir el absentismo y mejorar la competitividad y eficiencia. De igual forma, contempla la adecuación de la jornada a la carga de trabajo prevista en cada centro, así como la inclusión del pago de las cantidades correspondientes al seguro médico dentro de la masa salarial de 2010. Previamente, a primera hora de la mañana, los portavoces de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), César Cabo y Daniel Zamit, fueron los encargados de pasar la pelota al tejado del ministro de Fomento, responsabilizando en exclusiva al mandatario de las consecuencias que tendría para la economía y la sociedad una huelga de controladores en pleno agosto. Blanco, el culpable "Blanco ha irrumpido en el proceso de negociación de un nuevo convenio para los controladores sin ánimo conciliador, tirando por tierra los pocos avances que se habían producido en los últimos seis meses. Si alguien tiene la culpa de que estemos a las puertas de hacer huelga es el ministro", explicaron. Que la huelga se haga o no es algo que se decidirá en los próximos días y en ese tiempo "esperamos que Blanco rebaje el tono y muestre una actitud más negociadora. Si la huelga se hace o no, dependerá de él", arguyeron los portavoces, que se mostraban abiertos a atender a posibles gestos por parte de Fomento y de Aena, con quien negocian su convenio colectivo. Los representantes pidieron también la aplicación del real decreto que regula las jornadas y los descansos del colectivo, porque representa "un marco al que agarrarse" frente a las condiciones de la Ley de tránsito aéreo en vigor, que consideran "mucho peores".