El Pacto de Estado de la Energía que impulsan el Ministerio de Industria y el Partido Popular ya tiene líneas rojas: la energía nuclear. En contra de la buena voluntad que parecía existir en la presentación de las conversaciones entre ambos partidos, hemos visto cómo en la última semana las posiciones sobre la energía atómica se han enrocado por prejuicios ideológicos. Mientras el PP insiste en pedir la reapertura de la central nuclear de Garoña para obtener un rédito político en Castilla y León; el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, cierra el posible debate asegurando que se trata de una decisión tomada y añade que no se necesitan más centrales nucleares por la caída del consumo de electricidad. Sebastián y Montoro parecen olvidar que la cuestión mollar no es la apertura o no de Garoña, una central que apenas supone el uno por ciento de la generación en España, sino seguir la tendencia global para mantener la competitividad de la economía española. Una gran cantidad de países están obtando por prolongar la vida útil de sus centrales o iniciando la construcción de nuevos grupos. En Estados Unidos hay plantas que ya comienzan a pensar que su vida se podrá prolongar hasta los 80 años. Mientras, en nuestro país seguimos anclados en los 40 años. España está perdiendo un tren de futuro. El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Emeterio Gutiérrez, explicó el pasado lunes en los Cursos de Verano de La Granja, organizados por la Politécnica de Madrid y el Foro Nuclear, que China se prepara para anunciar la construcción de diez centrales nucleares, lo que supondrá que el gigante asiático desarrollará 34 centrales, más de la mitad de las que hay en construcción en el mundo y Emiratos Árabes Unidos, una de las principales reservas mundiales de petróleo, también ha contratado tres nuevos reactores para no agotar sus recursos energéticos. El Pacto de Estado de la Energía no puede ser un parche tiene que crear un modelo sostenible y competitivo.